A pocas horas de asumir como vocal del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Sergio González estuvo en la radio para hablar del Tribunal de Cuentas, organismo que condujo en los últimos nueve años y que deja -aseguró- con algunos avances en la nada fácil tarea de controlar a los que administran los dineros de la gente.

      Para González, “hay un contexto de baja calidad institucional en todo el país, que hizo crisis en el 2001-02. Creo que todos los funcionarios tenemos que hacer una fuerte autocrítica; nosotros la hicimos en forma interna en nuestro organismo pero no es suficiente si no se la toma como una oportunidad de crecimiento y de perfeccionamiento. Hemos tomado tres ejes para el desarrollo de esta temática: uno de ellos fue redefinir la gestión de los principales procesos del tribunal con un fuerte apoyo en la herramienta informática que nos ha permitido por caso examinar las cosas y pronunciarnos en el plazo que marca la Constitución y la ley, que son seis meses. El segundo eje fue la capacitación permanente de nuestro personal a través de jornadas, cursos, talleres que nos ha permitido detectar problemas internos, establecer muy buenos canales de comunicación, hacer esta interacción entre el personal jerárquico y el personal operativo. Y el tercero fue darle muchísima publicidad y transparencia a nuestra gestión. Justamente a través de la herramienta informática hemos colocado en el sitio de Internet del Gobierno de la Provincia toda la información disponible y de interés. Tenemos 140 cuentadantes que todos los años presentan sus papeles, algunos no están cumplidos, pero pueden acceder en todo momento a ver en que estado está el trámite, dónde está, si las cuentas fueron aprobadas total o parcialmente, las resoluciones del tribunal plenario. Creo que ha sido beneficioso porque existe un control social sobre el desempeño de la institución y un control que refleja en lo interno porque uno sabe que cuando está expuesto a la crítica o al reconocimiento, trabaja. Con estos ejes hemos avanzando notoriamente con los vocales que se integraron en junio del año pasado y hemos puesto al organismo en una guía de crecimiento y de fortalecimiento institucional. Resta mucho por hacer pero creo que se notan avances importantes”.

-¿Qué cantidad de personal tiene el Tribunal de Cuentas? ¿Faltan recursos humanos calificados?
-Son 172 personas y no faltan recursos humanos calificados; por el contrario, me atrevo a decir que el trabajo que se hace por su especificidad es verdaderamente un pos grado para el contador y para el abogado. Es gente altamente calificada que incluso rota mucho porque se va del Tribunal a la gestión y vuelve a los municipios y a la Administración Central. Diría sí que en el número total hay cierta insuficiencia de recursos teniendo en cuenta el crecimiento de la administración estatal y municipal revelada en las leyes de presupuesto. El presupuesto de Jujuy está en el orden de los 760 millones, cuando diez años atrás llegaba apenas llegaba a los 350. Hay una multiplicidad, un crecimiento que hace insuficiente la planta de personal frente a la necesidad de control que demanda la sociedad respecto a 60 municipios y 80 unidades de organización que tienen que ser controladas.

-Desde el lugar que ocupará en el Poder Judicial, cómo ve este tema de la mora en la administración de Justicia. Hay algunos casos emblemáticos...
-Sería necio negar que en la percepción de la gente existe esta situación de mora que yo no sé si afecta a algunas personas y otras no; es conocido que la calle dice que el ladrón de gallinas está preso y que el ladrón de guantes blancos anda en la calle, pero sin dudas son situaciones que habrá que examinar. Yo también comparto en alguna medida esta percepción de que los carriles de la Justicia, no sólo en Jujuy sino en todos lados, se han mostrado a veces lentos para la expectativa. Claro que el trabajo de la Justicia es mucho más delicado porque está en juego la libertad de las personas, o el buen nombre y honor y esto implica una mayor  diligencia y cuidado y esto también ocasiona demoras, pero no podría hablar de cosas concretas.

-En la reforma de la Constitución que mandó el Poder Ejecutivo hay apreciaciones sobre la necesidad de  modificar y modernizar el contralor del Estado...
-Hemos discutido el tema con el gobernador de la Provincia en oportunidad que tomó estado público el proyecto. Particularmente hablamos del Tribunal de Cuentas. Le decía yo, y todavía mantenemos diferencia de opiniones, que el diseño de supongamos la Auditoria General de la Nación no había satisfecho las expectativas por lo menos en orden a corregir lo que se le imputa a los tribunales de cuenta. Creo que no ha dado los resultados esperados y es claro también que los tribunales de cuenta a veces no dan respuesta suficiente. Creo que quedarse en la discusión sobre uno u otro modelo de control, cerrándose en la posiciones, no es bueno. Hay que encontrar una discusión superadora que nos lleve a encontrar un organismo que corrija las deficiencias que tienen estos modelos y que permita dar verdaderamente respuesta a una expectativa social que está centrada en cómo se controla al administrador.

-Si tuviera que hacer sugerencias puntuales para modificar la actual dinámica del Tribunal de Cuentas de Jujuy ¿qué propondría?
-Nosotros hemos avanzado bastante en ese sentido. Tenemos una ley orgánica que nos permite alguna flexibilidad. Creo yo que a las naturales funciones de examen de las cuentas y que declaran responsabilidades por los dineros mal administrados o que a la actual potestad de establecer responsables por daños causados por un funcionario que ha cumplido irregularmente su función, debiera agregarse –y nosotros hemos avanzado en ese sentido- una actuación del tribunal que fuere más oportuna, es decir, concomitante, allí, acompañando la gestión. Lo estamos haciendo con los planes sociales, no en la distribución sino controlando en el momento de las contrataciones, de las negociaciones del Estado. Nos ha ido bastante bien, no se han detectado irregularidades grandes que digan que las cosas están mal. Aquí ocurre un fenómeno: cuando se evita un proceder irregular esto no se conoce pero es acción positiva. Lo estamos haciendo con las obras públicas en estos planes nuevos que han implementado la Nación y la Provincia, y hemos acompañado estas operatorias de algún modo novedosas a través de las cooperativas y municipios que nos han permitido acompañar la gestión y corregir aquellos desvíos que pudieran llevar a alguna frustración. Lo que cambiaría, sería dotar al tribunal de mayor capacidad de actuación oportuna, más allá de que después examine las cuentas pero siempre este paso se produce cuando ya pasaron las cosas y cuando a veces es tarde.

-¿Usted se siente comprometido particularmente con algún sector del peronismo o está al margen?
-Yo tengo en mis funciones actuales las mismas incompatibilidades de los jueces lo que ha motivado que en los últimos nueve años no tenga ni militancia ni adscripción a una línea o a un sector en particular. Tengo sí -y es reconocido por todos- una militancia anterior, una clara inclinación por el Justicialismo; no la voy a negar pero no tengo en estos momentos compromisos ni con personas ni con sectores. 

Respondiendo a consultas de los oyentes, Sergio González hizo las siguientes definiciones.

FALTA CULTURA PRESUPUESTARIA

      â€œYo aplaudo la ley recientemente sancionada de Saneamiento y Fortalecimiento Municipal porque entre otras condiciones establece justamente la obligatoriedad de que los municipios sancionen un régimen de contabilidad o de administración financiera y que anualmente sancionen sus ordenanzas de presupuesto. Esto es una carencia no sólo del municipio sino de muchos otros y que obedece claramente a la pérdida de la cultura presupuestaria que estuvo influenciada por muchos motivos. En épocas de inflación, los presupuestos no resisten; en otros casos desidia; en otros trabas en el funcionamiento de los propios organismos.
      Forma parte de esta baja calidad institucional de la que hablamos al principio, porque existe la ley 4466 Orgánica de Municipios que data de 1989 en la época en la que legisladores como Guillermo Snopek trabajaban mucho y generaron instrumentos que realmente hoy siguen siendo válidos y eficaces. La Ley Orgánica de Municipios, por ejemplo, no sólo establece la obligatoriedad de la sanción de la ordenanza de presupuesto anual sino que le coloca una serie de límites y condiciones para el proyecto de la intendencia y para la aprobación para el cuerpo; la necesaria racionalidad del gasto publico. Es una ley que no hace más falta que aplicarla, pero que no se ha venido observando.
      Es conocido que en nuestro diseño institucional, los municipios tienen una fuerte autonomía, lo que está bien. Es la corriente que inclusive aparece en la Constitución del ‘86 pero que se reafirma en la reforma de la Constitución de 1994 en la Nación, en esto de dar autonomía marcada a los municipios pero la autonomía tiene un aspecto positivo, el gobierno propio por parte del propios vecinos y habitantes de la comunidad interesada pero un aspecto negativo es que por este misma autonomía no puede ni el Tribunal de Cuentas, ni la Legislatura ni el gobernador entrometerse en la gestión sino en caso grave que merezca una intervención”.

EXPEDIENTES
CON “CORONITA”

      â€œTenemos tres grandes potestades en el Tribunal de Cuentas: una es la intervención preventiva en la toma de razón de créditos o disposiciones del Poder Ejecutivo que establecen gastos con determinados rangos de importes. La otra actuación es la del examen de la cuenta y la tercera, la de los procedimientos de responsabilidad por daños causados. Es posible, no lo niego, que algunos expedientes hayan estado muy demorados. Es posible que algunos otros hayan circulado a mayor velocidad pero por esto mismo que hablaba a un comienzo, de darle transparencia a nuestra actuación, estamos tratando de poner toda nuestra gestión y nuestros movimientos internos a la consideración del público o del usuario o interesado”.

LA LEJANIA DE
LA JUSTICIA
      â€œYo creo también que los jueces opinan a través de su sentencia. También creo que debe haber una mayor comunicación. Debe haber una mayor fluidez en el intercambio de información teniendo en cuenta que es delicado, porque si Laura Barberis le pregunta al juez Sergio González una opinión sobre accidentes de tránsito que ocurren a menudo en el distribuidor de Alto Comedero, uno puede dar una opinión desde el punto de vista de policía vial, pero tiene que ser muy cuidado en no adelantar una opinión que fuera tomada después como prejuzgamiento. Es decir, la comunicación en la tarea judicial no es fácil porque se debe mantener a un nivel de generalidad que preserve al juez de este prejuzgamiento porque tiene que atender casos concretos que pueden resolver en uno o en otro sentido. Pero sin duda es también perceptible que la gente siente demasiada lejana a la justicia”.

      â€œEsta es un poco la discusión sobre qué modelo de control da mejores respuestas. Se sabe que desde la reforma de 1994, el sistema nacional ha estado establecido por un Consejo de la Magistratura que es el que selecciona y remueve a los jueces de grado y también se conoce que no ha dado todos los resultados que se esperaban. Creo que nuestra constitución del 86 ha marcado una forma de designación que tiene sus ventajas y claramente sus desventajas. Esto de generar en lo interno del poder solamente las ternas de candidatos, medio cierra las posibilidades y provoca ciertas sospechas de poca transparencia. Pero claro, esos nombres luego son sometidos a consideración del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, o sea que no es tampoco una cosa que se haga entre gallos y medianoche porque opinan los representantes de la gente que son los diputados y opina también quien fue elegido para gobernar la Provincia. Creo que también merece el estudio de mecanismos que despejen las dudas pero no puedo en este momento opinar sobre cuáles podrían ser esos mecanismos a partir de que existe un texto constitucional vigente”.