La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Victoria Donda (Libres del Sur), estuvo en Jujuy a principios de abril. Entre otros temas, habló de la seguridad en Argentina, en Jujuy donde recientemente desde la organización Tupaj Katari se denunció la muerte de dos militantes; del “uso” de los derechos humanos que hace el gobierno nacional y de las demoras en los juicios penales a los represores.

Militantes de las organizaciones sociales Avelino Bazán, Tukaj Katari y Éxodo Jujeño, recibiendo a Victoria Donda.

      â€œVamos a los lugares que nos necesitan y Jujuy es uno de ésos, una provincia históricamente postergada. La verdad es que me da vergüenza saber hoy del maltrato a los docentes que son los encargados de formar a los hijos de los jujeños y el otro tema es la muerte de dos compañeros de lucha que deben ser esclarecidas”, comenzó diciendo la diputada nacional Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.
      Acerca de su postura sobre la política nacional de derechos humanos, Donda explicó “Lo que hay que tener claro es que cuando uno habla de derechos humanos se está refiriendo a la parte política, económica, social y cultural. Sobre la política de derechos humanos, vinculada a las violaciones que se cometieron en el país  y que aún continúan impunes, la política del gobierno es buena en un 50%,  falta construir políticas, ciudadanía; le falta construir instituciones, por ejemplo se terminó con la ley de Punto Final y Obediencia Debida, dando así el puntapié para reabrir los juicios contra los genocidas, pero el motor que tenemos para conseguir justicia, que son los testigos y los familiares de las víctimas están desprotegidos, y la prueba está en que hace no más de quince días asesinaron de 14 puñaladas a una testigo clave en Santa Fe, en una causa muy importante. No existe un programa de protección al testigo”. Y profundizó, “en lo que respecta a los derechos humanos llamados de tercera generación, como la seguridad, hoy nuestros compañeros y compañeras no los pueden ejercer  porque el Estado no los garantiza. La prueba está en que hay provincias como ésta, con un índice tan alto de desocupación, y ¿qué pasa con los pueblos originarios?, el gobierno ni se acuerda, sólo cuando quieren expropiarle las tierras. Vemos entonces que queda mucho por trabajar. Proponemos otra política, otra manera de hacer las cosas”. Luego al consultársele sobre si desde el gobierno nacional se hace un “uso” de los derechos humanos, contestó “si los derechos humanos dieran muchos réditos la situación hoy en el país seria distinta. Veo en el gobierno una intención clara de avanzar hasta determinado límite, lo que no significa hasta acá llegamos sino que implica un retroceso,  porque cuando vos reabrís las causas y sólo te encargás de eso sin evaluar cómo funciona la justicia, sin cuidar a los testigos, sin nada absolutamente, desprotegidos por el mismo estado, retrocedés porque desaparecen testigos o los matan o los secuestran. Hoy nuestro planteo es ese límite, no creo que sea una utilización es lo que hace este gobierno en todos los campos: avanzar hasta cierto punto. Nosotros no queremos eso porque cuando uno habla de justicia no habla de justicia a medias”.

Victoria Donda.

      Respecto de las demoras en los juicios, a la existencia de jueces con participación en el gobierno de la dictadura, dijo “No me parece bien que el poder político intervenga en el poder judicial, existe una figura  en la Constitución Nacional que es el Consejo de la Magistratura. Debe monitorear la función de los jueces, puede nombrar jueces  removerlos o amonestarlos, es como administrar justicia sinceramente. En lo que hace a Jujuy queremos ponernos en contacto con familiares de víctimas cuyas causas están pendientes porque tenemos entendido que uno de los que integran el Superior Tribunal de Justicia fue ministro de Desarrollo Social durante la última dictadura militar. Y en realidad lo que nosotros planteamos es que los funcionarios que usurparon instituciones democráticas durante la última dictadura también son parte del terrorismo de estado por lo que no debería estar ejerciendo”.
      En cuanto a la seguridad en todo y el país, y particularmente sobre los Foros de Seguridad, Donda indicó “desde los Derechos Humanos impulsamos estos foros porque creemos en la seguridad como un derecho que debe existir para poder gozar del resto de nuestros derechos, como poder circular libremente, salir, pasear, etc. Tenemos que abordarlo con seriedad, es mentira lo que afirma Aníbal Fernández que la inseguridad es una sensación. Son los compañeros y compañeras en los barrios que no tienen para pagar seguridad privada los que la sufren en carne propia, dar una respuesta en serio es reunirse con técnicos en el tema saber por qué se da y no sólo hablo de las causas sociales. Acá tenemos instituciones que son las encargadas de brindar seguridad, como la policía y la justicia, que están en directa connivencia con la delincuencia porque al final los únicos en ir presos son los pobres. Pero, además, los pobres que no están arreglados con la policía  porque esto lo asumió el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La policía se encarga de reclutar chicos para salir a robar, la misma policía que tendría que brindar seguridad entonces hay que comenzar a pensar en primer lugar en una reforma policial, por ejemplo, para hablar de seguridad seriamente”.

Donda. Villada. “Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a la parte política, económica, social y cultural”.