A principios del mes de febrero pasado irritó a las autoridades del gobierno de Suiza la decisión de la canciller alemana Ángela Merkel que anunció la adquisición de una polémica lista con datos de unos 1500 evasores fiscales, que habían depositado fondos en bancos suizos. La lista fue ofrecida a su gobierno por un informante anónimo a cambio de 2,5 millones de euros.
      Dicho listado fue comprado por el gobierno de Berlín y había sido robado de una entidad bancaria suiza no identificada.
      Se estima que tal información le aportará al Fisco Alemán aproximadamente 100 millones de euros, que habían sido evadidos.
      La compra de información fue cuestionada por algunos miembros de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), que recriminaron la posibilidad de que el estado negocie con “ladrones”. Expresaron: “Un robo es un robo. El Estado no debe tratar con ladrones”.
      Tales reparos fueron firmemente rebatidos por la Canciller, la oposición socialdemócrata, la Policía y expertos financieros. El presidente del partido Socialdemócrata (SPD), Signar Gabriel,  declaró en un diario local “No podemos dejar escapar delincuentes sólo porque han sido desenmascarados por otros delincuentes”.
      A los pocos días, Austria, Holanda y Bélgica se alinearon con la canciller, lo que supone un severo golpe a las normativas suizas sobre el secreto bancario.
      El ministro de Finanzas suizo Hans-Rudolf Merz expresó que su gobierno no ayudará a ningún país cazador de evasores sobre datos robados. Dijo: “es obvio que este robo es un acto criminal”, pero concluyó en que Berna no tomará represalias.
      Suiza integra una lista de 25 países que aún no implementaron medidas exigidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esos países figuran en la “lista gris”.       Debemos destacar que allí está también nuestro vecino país, Uruguay.
      El año pasado, producto de la amenaza de sanciones y las presiones del G-20, se suscribieron más de 300 acuerdos de intercambio de información fiscal entre países. Gracias a ello, 19 estados salieron de la lista gris, pero hay mucho por hacer en el futuro.
      El jefe de la división Impuestos de la OCDE, Jeffrey Owens, dijo que esa institución no objetará que los gobiernos usen datos bancarios robados para perseguir evasores de impuestos en paraísos fiscales.
      Aproximadamente cerca de la misma fecha, en la Argentina, la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal hizo lugar a un pedido de la AFIP, el cual había sido denegado en primera instancia, para que el organismo fiscal investigue maniobras sospechosas de más de 200 contribuyentes del más alto poder adquisitivo. En un listado  se encuentran importantes empresarios y compañías locales: Grupo Clarín y Ernestina Herrera de Noble, Pluspetrol, Pampa Holding, Consultatio, Jorge Priu, Miguel Melhen y María Rosa Cartellone, entre otros.
Se trata de que el organismo tome vista del expediente de la causa contra Hernán Arbizu, el ex vicepresidente del JP Morgan, detenido el año pasado por una estafa millonaria, donde el ex banquero presentó una lista de clientes que habían realizado transacciones irregulares en el exterior.
      Esto motivó que la UIF (oficina local antilavado -dinero de origen espurio- que depende ministerio de Justicia) proceda al seguimiento de dichos contribuyentes.
      El malestar de los empresarios argentinos con operaciones en el exterior comenzó cuando el JP Morgan presentó una demanda civil en Manhatan, acusando a un cliente de malversación de fondos por U$S 2,8 millones y 10 transferencias ilegales entre 2006 y 2008. Luego se sumaron otras denuncias de estafas anteriores cuando trabajaba en el banco suizo UBS, que en total llegaría a U$S 5,4 millones.
      Por último, cabe destacar el perjuicio que significa para nuestra economía la actitud del país vecino Uruguay que todavía mantiene el secreto bancario. El día que modifique este criterio, más de un empresario argentino se encontrará en problemas y quizás nos quedemos sin algún candidato.  

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