La crisis de las subprime en los Estados Unidos, puso al desnudo el descontrol del sistema financiero global, lo que provocó una reacción a escala mundial a los efectos de corregir los desvíos producidos por la mirada esquiva de las  últimas décadas.
      Las acciones hasta hoy desarticuladas, pasan por distintas aristas: a).- Lucha contra los paraísos fiscales b). Aplicación de un impuesto a los bancos (E.E.U.U.), c).- Impuesto global sobre actividades bancarias impulsado por Gordon Brown, primer ministro del Reino Unido, d).- Reforma financiera y regulación del sector propuesta por el presidente del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos  y  e).- Regulación de los seguros contra default o fondos de cobertura presentado por Jean-Claude Trichet presidente del Banco Central de Europa.
      Hace mas de dos años el actual presidente de Estados Unidos  Barak Obama, en carácter de Senador  tenía preocupación por el uso de cuentas y entidades “offshore” a través de las cuales se evaden impuestos, lo que motivó la presentación de un proyecto de ley para impedir el abuso a través de paraísos fiscales (Stop Tax Heaven Abuse Act), posteriormente, en su calidad de presidente sostuvo enérgicamente la necesidad de introducir similares medidas a nivel global. A pesar que el G-20 en la última reunión fue terminante en las prevenciones que deben tomarse para luchar contra los paraísos fiscales,  todavía hay 25 países que siguen sin cumplir con los requisitos necesarios, estos figuran en la “lista gris” según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la exigencia es haber firmado por lo menos 12 convenciones de intercambio de información fiscal entre países.
      En el mes de enero pasado el presidente estadounidense Barak Obama tomó la decisión de intentar recaudar U$S 90.000 millones aplicando un impuesto a los banco de ese país. A dos meses de este planteo, el ministro alemán de Finanzas Wolfgan Schauble afirmó que, junto a Francia, piensan extender a nivel europeo un proyecto alemán de crear un
impuesto bancario que contribuya a impedir el estallido de nuevas crisis financieras. Estos planes enfrentan la enconada oposición del sector afectado y el empresariado, que alegan que el impuesto encarecería y dificultaría los préstamos a las empresas pequeñas y medianas.
      Al inicio de febrero, Gordon Brown expresó que las economías líderes del mundo están encaminadas a acordar un impuesto global a los bancos, planteó la posibilidad de aplicar un impuesto sobre las transacciones de los bancos, apodado impuesto Tobin, por James Tobin, el economista que propuso por primera vez gravar las transacciones monetarias como una opción para asegurar que la “contribución que los bancos hacen a la sociedad sea adecuadamente capturada”. El gobernante considera que el FMI podría proponer un método “algo diferente”. Otras opciones serían que se graven las ganancias, la facturación o incluso las remuneraciones. El primer ministro insistió en que no esta atacando a los bancos o a sus clientes ricos por razones ideológicas, pero agregó que “los que tienen espaldas más fuertes deberían pagar más”.
      Sobre la reforma financiera, el país del norte dio el primer paso. El presidente del Comité Bancario del Senado, el demócrata Christopher Dodd presentó un proyecto de reforma financiera que aumenta el poder de la Reserva Federal  y las regulaciones del sector, de considerarse la misma, sería la mayor reforma del sistema regulatorio de las entidades financieras desde la época del “New Deal”, propuesta por el entonces presidente Franklin Roosevelt para mitigar los efectos de la “Gran Depresión” de la década de 1930. Fundamento su planteo en la necesidad de una acción contundente. Debemos restablecer la responsabilidad y rendición de cuentas en nuestro sistema financiero para que los estadounidenses tengan confianza  que existe un sistema que funciona y los protege“. No podemos esperar mas una verdadera reforma financiera, que aporte más rendición de cuentas en el sector financiero y asegure que el contribuyente estadounidense nunca más tenga que responder por la irresponsabilidad de nuestros grandes bancos e instituciones financieras” opinó Obama.
      El proyecto planteado por el senador Dodd está basado en la propuesta que presentó la administración en el pasado verano boreal y similar a la que aprobó la Cámara de Diputados, pero hay quienes coinciden que es imperfecta, ya que no hace demasiado por poner fin a lo que se denomina jurisdiction shoping -la practica de “ir de compras”- buscando aquella jurisdicción que más convenga.
      Dicha reforma contiene  límites más estrictos para la toma de riesgo y requisitos  de capital y liquidez más exigentes. Y establecen un régimen nuevo similar al de Quiebras para que las grandes instituciones financieras con problemas sean cerradas en forma ordenada sin necesidad de recibir ayuda del gobierno.
      Por otra parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación para determinar si los fondos de cobertura actuaron en conjunto para apostar contra el euro y presionar el valor de la moneda. La carta del departamento de Justicia decía que su división antimonopolios “ha abierto una investigación a los acuerdos entre varios fondos de cobertura que comercializaron contratos en euros”. La investigación se produce en un momento que las instituciones financieras enfrentan un escrutinio sobre su rol en la crisis financiera griega. Críticos acusan a Wall Street de exacerbar la crisis, ayudando a Atenas a maquillar su deuda mediante acuerdos derivados, sólo para después auto beneficiarse. Hace un mes, la Reserva Federal dijo que estaba analizando las transacciones que las firmas financieras realizaron con Grecia.
      Francia y Alemania instaron a la Comisión Europea a estudiar una prohibición de la especulación con productos financieros derivados e investigar las maniobras de ese tipo lanzadas contra Grecia. Así lo solicitaron el presidente francés, la canciller alemana, el titular del Eurogrupo y el primer ministro griego, quienes requieren abrir “rápidamente una investigación para determinar el papel y el impacto de la especulación con los “Credit Defaul Swaps” (CDS o contratos de seguros sobre riesgo de crédito), sobre las obligaciones de Estados Europeos, los hoy denominados “nuevos villanos de Europa”.
      Los CDS son productos financieros que permiten al poseedor de un título de deuda protegerse contra el riesgo de insolvencia del emisor. Su precio suele ser proporcional al riesgo que se corre. Pero estos productos son utilizados cada vez más por especuladores que compran CDS sobre riesgos a los cuales no están directamente expuestos, apostando a una cesación de pagos del emisor concernido.
      El problema surge cuando un inversor toma una posición “al desnudo” ya que no es tenedor del bono de referencia, una posición puramente especulativa o direccional. En este caso el inversor al comprar un CDS no busca protegerse sino apostar a la cesación de pagos de un país, esto genera incentivos perversos. Para George Soros es como si alguien comprara una póliza de seguros de incendio sobre la casa del vecino. El economista Emilio Ocampo escribió en el Ambito Financiero del 12 de marzo del corriente año,”…deben controlar  las armas financieras de destrucción masiva como las denominó el legendario inversor Warren Buffet”.
      Los portadores de seguros se defienden “Las críticas y los intentos de regulación de los seguros de crédito soberanos intentan ocultar las responsabilidades del estado griego y otros gobiernos de Europa por el despilfarro que derivó en la crisis actual”.Según ellos ningún especulador tiene suficiente bolsillo para derrumbar a Grecia cuando lo deseen, aunque con esto no se intenta negar que los seguros de crédito pueden crear inestabilidad. El despilfarro por parte de Grecia y la mala administración de las reglas de la eurozona provocaron la crisis de deuda, no los compradores de seguros de crédito. El único castigo que los líderes recibirán será la tarea de evitar que Grecia caiga en default.
      En lo micro, también la mayor economía del mundo puso en vigencia una nueva normativa sobre el sector de tarjetas de crédito a los efectos de reducir las practicas abusivas de las entidades emisoras y de aclarar a los consumidores cuanto cuesta vivir endeudados, la que tendrá un fuerte impacto en un país donde casi la mitad de los consumidores acumula una deuda media de U$S 7.000 en sus tarjetas de crédito y uno de cada cinco paga por ello un interés del 20% anual. Producto de esta normativa las emisoras no podrán aumentar los intereses de manera retroactiva ni durante los primeros 12 meses de contrato, y deberán avisar con 45 días de antelación cualquier suba de tasas u otro cambio importante en las condiciones. Desde ahora las facturas deberán detallar cuántos años se tardaría en pagar la deuda si se sigue abonando el mínimo, así como cuanto se debería abonar por mes si se quiere saldar el pasivo en tres años.
      Caso aparte, lo que ocurre en nuestro país con los plásticos, según surge del informe del Banco Central de septiembre del año pasado, quien desee financiarse pagando el mínimo de la tarjeta de crédito el costo es muy superior al mencionado en el párrafo anterior, la tasa de interés que cobran los bancos sobre los saldos impagos llega al 85,2% anual, las tasas compensatorias para la financiación de saldos de tarjetas de créditos para consumo en el país promediaron el 36,5%, todo esto mas IVA, seguro de vida, gastos administrativos de resumen y comisiones por retiro de dinero en efectivo, o sea el costo financiero total
      Por todo lo expuesto no cabe otra cosa que concluir en la imperiosa necesidad de poner límite al sistema financiero global, que tanto daño provocó en el mundo en este último tiempo.

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