Mario Martiarena.

      â€œResulta insólita la exclusión que padece la provincia de Jujuy, Capital Nacional de la Minería, receptora de millonarias inversiones en esta actividad, que cuenta con el único acceso totalmente pavimentado a la República de Chile que permanece abierto todo el año, que además es provincia fronteriza con la República de Bolivia con quien mantiene un histórico e intenso intercambio comercial, que posee una moderna zona aduanera en la ciudad de Palpalá, y por todo ello con personal y profesionales con experiencia y altamente capacitados, tanto en el sector público como privado” expresa el diputado nacional Mario Martiarena en los considerandos de un proyecto recientemente presentado en la Cámara Baja a los efectos de que se modifique el régimen general establecido por la resolución 1924 para que la provincia pueda contar con una Aduana Especializada “en lo atinente a la exportación e importación de insumos y productos vinculados a la actividad minera”.
      La Resolución General 1924 surgió en el año 2005, con el objetivo de implementar un mecanismo de control que permita una especialización aduanera, mediante el establecimiento de Aduanas Especializadas para determinadas mercaderías.
      El universo de mercaderías comprendidas en el sistema iniciado por aquella norma fue ampliándose, con arreglo a decisiones emanadas de la dirección general de Aduanas, organismo al que se delegó tal facultad.
      El incuestionable objetivo de combatir el contrabando y la evasión tributaria no debía, sin embargo, colisionar con demoras injustificadas en la cadena logística del comercio exterior. El necesario equilibrio entre ambos aspectos fue tenido en cuenta al momento de emitirse la norma, y a tal efecto manifestado en los correspondientes fundamentos.
      La aplicación de la norma, a poco de su emisión, demandó una serie de modificaciones por diferentes motivos; en el año 2006 a pedido del Centro de Exportadores de Algodón y la Cámara Algodonera Argentina, fueron incluidas, mediante Resolución 26, como Aduanas Especializadas las de Posadas, Corrientes, Barranqueras, Tucumán, La Rioja y Clorinda, para el despacho de la fibra de algodón. Adujeron problemas de logística, específicamente las distancias que debían recorrer los medios de transporte, desde las Aduanas Autorizadas hasta las industrias radicadas en la zona, lo que provocaba un incremento en los costos de flete para dichas industrias, con repercusión en los precios de mercado y el egreso de divisas del país.
      Un año después, por Resolución 52/2007, fueron excluidas del régimen de la Resolución 1924 las Aduanas Domiciliarias y Factorías, al estimar que el objetivo perseguido por las mismas es el desaduanamiento de las mercaderías.
      En el mismo año, por Resolución 60/2007, fueron incluidas como Aduanas Especializadas las de Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Río Gallegos, para el despacho de mercaderías vinculadas al aprovisionamiento de herramientas, insumos, repuestos y materiales utilizados por las empresas de la zona en la prospección y perforación de pozos petrolíferos y de gas. 
      También en el año 2007, mediante Resolución 91, por impulso de la Dirección Regional Aduanera Córdoba es incluida la Aduana de Tinogasta en el Régimen de Aduanas Especializadas, en lo relativo a insumos necesarios para el desarrollo de la actividad minera, en razón de ser Catamarca la principal provincia productora de minerales. Se alegó la necesidad de las industrias importadoras radicadas de proveerse de insumos de origen extranjero. Se adujo el perjuicio de las PYMES locales, de mantenerse un régimen que las obligaba a importar mercaderías fuera de la provincia. La logística existente en la provincia, así como el paso internacional que la comunica con la República de Chile, fueron elementos aportados por los interesados y tenidos en consideración para conceder lo solicitado.
      Por resolución 2/2008, al año siguiente fueron incorporadas como Aduanas Especializadas las Aduanas de Bernardo de Irigoyen, Iguazú, Posadas y San Javier, para realizar el despacho de mercaderías relacionadas con el proceso productivo de la industria forestal, fundamental para la economía misionera.
      Por Resolución 26, el mismo año, se modifica la nómina de Adunas Especializadas, contempladas en el Régimen de la Resolución 1924.
      Luego de mencionar otras modificaciones que se tuvieron que hacer a la    normativa vigente en función de requerimientos de la producción en distintas provincias, Martiarena destaca que “La provincia de Jujuy no es la excepción, y su situación se ve particularmente agravada cuando se trata de insumos necesarios para el desarrollo de la actividad minera que deben importarse, por no existir hasta el momento producción nacional. Resulta insólita la exclusión que padece la provincia de Jujuy, Capital Nacional de la Minería, receptora de millonarias inversiones en esta actividad, que cuenta con el único acceso totalmente pavimentado a la República de Chile que permanece abierto todo el año, que además es provincia fronteriza con la República de Bolivia con quien mantiene un histórico e intenso intercambio comercial, que posee una moderna zona aduanera en la ciudad de Palpalá, y por todo ello con personal y profesionales con experiencia y altamente capacitados, tanto en el sector público como privado.”
      Para agregar que “Y si resulta necesario capacitar aún más a funcionarios del sector público, corresponde a la Dirección General de Aduanas adoptar las medidas apropiadas para lograr dicha finalidad. No parece que la exclusión de nuestra provincia de un trato igualitario con otras zonas del país, con la consecuente multiplicación de complicaciones para el desarrollo de su actividad económica local, resulte el mejor remedio. Debe buscarse el mecanismo más eficiente, pero que a la vez sea el menos lesivo. Existen pedidos para lograr lo solicitado mediante el presente proyecto, que no han sido respondidos, obligando a sus solicitantes a un constante peregrinar por dependencias administrativas que no concluyen con respuesta alguna. Es dable informar que a principios del año pasado se reconoció el problema y se asumió el compromiso para ponerle fin, tanto por parte de autoridades provinciales como nacionales. Sin embargo, aún no ha sucedido ello.”