Durante la primera sesión del mes de abril del Colegio de Auditores Generales se aprobó un informe respecto de las transferencias de Fondos Nacionales a Municipios, en el marco del Programa 50 del Presupuesto Nacional, relativo a la formulación, programación, ejecución y control de obras. El período auditado, correspondía al ejercicio 2007. La auditoría en cuestión abarcó la operatoria del Programa, desde la recepción de la demanda de proyectos de trabajo hasta la rendición de los fondos transferidos a los Municipios para la realización de las obras convenidas.
      Dentro de la Ley de Presupuesto, al programar la distribución de los fondos nacionales, se designa a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), responsable de implementar el programa, es decir que el dinero se aplique para lo que fue destinado. En este caso, el organismo designado para esa tarea, y auditado por la AGN, fue la subsecretaría de Obras Públicas (SSOP), dependiente de la secretaría de Obras Publicas (SOP) del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), a cargo del Arq. Julio De Vido.

Los hallazgos más relevantes del informe pueden resumirse de la siguiente manera:

• El programa opera por “demanda espontánea”, es decir que quien se presente y lo solicite, obtiene los recursos. Asimismo, no tiene detallados los objetivos generales y específicos, metas físicas y de gestión. Al considerar como unidad de medida la variable “municipio asistido” no se distinguen distintos tipos de obras en relación al costo ni permite medir los resultados obtenidos (esta misma carencia fue señalada en el Informe de la SIGEN sobre el  cumplimiento de Control Interno al 31/12/07).
• El Programa carece de criterios objetivos para la distribución de fondos. Todos los índices aplicados muestran desvíos significativos entre las distintas provincias.
• La UEP no cuenta con el reglamento que debe tener las pautas de elegibilidad para la selección de proyectos (conforme al tipo de obra a realizar, atendiendo a criterios técnicos, económicos, financieros y socio ambientales), según se determina en la Res. 268/07 del MPFIPyS.
• Mala difusión del Programa para sus probables beneficiarios, además de la falta de estadísticas de los municipios que solicitan dichos beneficios, según el informe, en algunos casos, se otorgaron por contactos con representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
• Se detectó la falta de un Manual de Procedimientos aprobado para la preparación y presentación de proyectos de obra (obligación que surge de la Res. 268/07).
• Se realizaron transferencias de pagos de más de un certificado de obra en un mismo mes a una misma cuenta, con un único valor. Por esto mismo, no pueden identificarse los números de comprobantes involucrados, con lo cual, se pierde el control de lo transferido.
• Se detectaron diferencias en los plazos de duración de obra con lo indicado en el proyecto presentado.
• En la comparación de los datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y el registro de la SSOP, surgen diferencias que no se lograron conciliar por la AGN ya sea por omisión de los registros y/o su duplicación. Esto no afecta al área de presupuesto del MPFIPyS y Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas pero demuestra debilidades en el control interno de la Ejecución del Gasto a cargo de la SSOP.
• Falta de un adecuado control sobre los procesos licitatorios llevados a cabo por los municipios.

      Resulta válido recordar que, al haber aprobado un programa presupuestario similar (Programa 86), en sesiones pasadas, hicimos mención a la falta de difusión que se le da a estas cuestiones por parte de los organismos responsables, concluyendo en que sólo aquellos municipios que son notificados al respecto, pueden acceder a los fondos designados, discriminando a aquellos que nunca son informados, y dejándolos fuera del acceso al beneficio. Para el caso del Programa 50, aprobado en esta ocasión, la observación se repite, es decir que los recursos del Tesoro Nacional continúan transfiriéndose de manera discrecional. Asimismo, cabe destacar que al no poder evaluar, previamente a la asignación de fondos, la viabilidad e impacto del programa, se profundiza la falta de control de los recursos.
      Este tipo de informes deben ser de importante utilidad, tanto para el Congreso de la Nación como para el Poder Ejecutivo, a fin de arbitrar los mecanismos necesarios para corregir los aspectos que perjudican a algunos municipios, con el objetivo de igualar las condiciones de vida en todos los rincones del país.

*Auditor General de la Nación.