“Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”

      Leyendo el editorial semanal de Joaquín Morales Solá en La Nación del domingo 21 de agosto último, no pudo dejar de sorprenderme que uno de los más implacables críticos del actual Gobierno Nacional relatara lo siguiente:

-Desde la convertibilidad de los ‘90 a la fecha, el salario medio formal ha crecido de 980 a 1.300 dólares,  las 500 empresas más importantes han cuadruplicado sus ganancias en la misma moneda, y la tierra ha quintuplicado su valor (y el supuesto “cuco” del chavismo, ¿dónde está?).
-15 millones de argentinos viven directa o indirectamente del Estado (un tácito reconocimiento a  efectivas políticas de inclusión, con millones de nuevos jubilados y asignaciones universales por hijo).
-El crédito para el consumo  ha aumentado en un 40 %, desde 50.000 hasta 70.000 millones de pesos en el último año.
A confesión de partes, relevo de pruebas

      No es fruto de ninguna casualidad o de desmerecedores vientos de cola, que el pueblo argentino y jujeño haya vuelto a creer con esperanza en un futuro posible, acompañando al  proyecto político nacional de Cristina Fernández  en forma contundente.
      La acción del Estado Nacional y Provincial ha sido también superlativa en materia de viviendas sociales: desde el año 2003, en nuestra provincia se ha prácticamente duplicado el promedio anual histórico de ejecución, acercándose a un nivel de 2.000 unidades por año.
      Desde la creación del  Fondo Nacional de la Vivienda en la Provincia de Jujuy  se han construido cerca de 40.000 viviendas sociales: si a ello sumamos los más de 20.000 lotes fiscales con servicios proporcionados desde 1983 en adelante, podemos afirmar que en épocas recientes la mitad de los jujeños ha recibido del Estado una solución habitacional concreta y a precios testimoniales. Seguramente no debía  ser de otra manera, con crecimientos demográficos del orden del 20 % por década, y de la mano de una creciente urbanización generada por salarios del campo históricamente viles.
      Aún así, debemos ubicar esta notable y auspiciosa realidad en la debida  perspectiva: hace tres años la crisis mundial de los denominados sub-prime (créditos hipotecarios otorgados con bajos requisitos y luego impagables) ha puesto al planeta entero de rodillas, no avizorándose todavía una luz al final del  túnel.
      Dicha debacle no ha creado conciencia para remediar realidades dolorosas para la raza humana: en los países del “primer mundo” quienes no pagan su crédito hipotecario por haber quedado sin trabajo, son desalojados sin más de su vivienda, no recuperando los pagos hechos hasta ese trágico momento.
      Estados Unidos y España son los ejemplos más descarnados de un capitalismo insensible y en piloto automático, con estados transformados en impotentes y cómplices observadores de una realidad que los desborda: sólo en España existe un stock de 750.000 viviendas vacías, que están siendo ofrecidas por los bancos con descuentos para inversores, mientras miles de indignados sin techo y sin trabajo tratan de hacer oír su voz en las plazas.
      En un histórico y dramático take-over del  poder real, los sectores financieros le han arrebatado el liderazgo a los estados nacionales, cuyo rol desertor y concubino de regulación de los factores económicos, ha sido la principal causa de este mamarracho globalizado.
      En los países más ricos del planeta, la tarea de resolver el problema de la vivienda ha sido encomendada al sector privado: el  ruinoso fracaso derivado de la impúdica codicia de ese sector, hoy da la razón a quienes pensamos mayoritariamente  que es cuanto menos ingenuo creer en las bondades del mercado como único regulador de las asimetrías sociales y como mágico hacedor de derrames de bienestar.
      Desde el proyecto que encarna el movimiento nacional justicialista en cambio siempre hemos creído firmemente en el necesario rol cristiano de la subsidiaridad estatal, en especial en la indelegable resolución de la crónica problemática de los sin techo.
      A contramano de las estrecheces mentales de cierta  burguesía retrógrada y perimida, el ser humano sólo puede realizarse en una comunidad organizada e inclusiva, con educación pública, igualdad de oportunidades y movilidad social. Ello es válido también para quienes vienen a nuestro país a llenar espacios laborales vacíos, en especial en tareas manuales del campo y la construcción, movilizando así los grandes motores de nuestra economía.

Hacia un planteo realista a escala local.
      Aún así, esa necesaria toma de conciencia debe concretarse desde parámetros realistas: es un hecho histórico que no existe en el mundo  la suficiente generación de riqueza que permita  entregar una vivienda a todos nuestros hermanos menos afortunados. Mienten o al menos pecan de excesivo optimismo, quienes afirman que el Estado puede o debe entregar una vivienda terminada a todos.
Muchos estamos convencidos que la tradicional política de entregas de viviendas sociales “llave en mano” ha cumplido un ciclo, quedando muy claro que no es un instrumento suficiente para resolver esta problemática en su totalidad.
      Por ello es tiempo de aprovechar plenamente la enorme capacidad de esfuerzo de la mayoría de los  jujeños, que constituye un enorme capital social que sin dudas es la principal clave para resolver de cuajo el déficit habitacional. Por ello es tiempo de fomentar a fondo la Participación Protagónica de la Comunidad, mediante crecientes esquemas de colaboración y esfuerzo compartido entre ciudadanía y Estado.
      En ese aspecto siempre  ha sido impresionante y emblemático observar cómo en los miles de lotes fiscales con servicios básicos entregados por el Estado, al cabo de un tiempo prudencial sus poseedores han podido construirse su propia vivienda con tesonero y exclusivo esfuerzo propio.
      Esa vivienda, fruto de un dignísimo proyecto de vida familiar, es apreciada y permanentemente mejorada por sus poseedores, a diferencia de las viviendas Fo.Na.Vi., que en muchos casos gozan de baja aceptación de parte de sus adjudicatarios. Estas decenas de miles de ejemplos me hacen recordar a la generación de nuestros abuelos, cuando los fines de semana toda una familia (padres, hijos, tíos y sobrinos) se reunía a levantar su vivienda con sus propias manos, como actores principales y orgullosos de la construcción de un gran país.
      Si ello fue posible en épocas de grandes dificultades económicas, seguramente lo será en las actuales, en las cuales la economía argentina está al servicio del hombre.
      La población vuelca hoy su restaurada capacidad de ahorro en bienes de consumo: existen créditos de fácil acceso para todos para electrodomésticos y rodados, más no para viviendas.
Sin embargo, dicho excedente económico sería volcado mayoritariamente por la población en la construcción de su propia vivienda, de disponer de un terreno propio, al cual no puede acceder debido a que la oferta privada de los mismos supera a la capacidad adquisitiva media.
      Por ello, celebramos con  alegría y orgullo el reciente anuncio del Gobierno Provincial, que a través del lanzamiento del Programa “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”, ha plasmado una bisagra histórica para los cimientos firmes de la definitiva solución del déficit habitacional en nuestra Provincia.
      Creemos no exagerar en absoluto al afirmarlo: el carácter de acceso universal a un terreno propio, principal objetivo de este programa, constituye un objetivo ambicioso que brinda esperanza a toda una sociedad, con tintes de una verdadera revolución pacífica en la materia.
      Los postulados de transparencia en la adjudicación de los lotes mediante la intervención de Consejos Locales de Participación y Municipios, para asegurar efectivamente la asignación universal de esta solución a quienes realmente la necesiten, constituyen sin dudas otros de los puntos a resaltar del programa, a lo que se suma la creación de un Registro Único de Aspirantes, que refuerza ese planteo.
      Es lógico que más allá de la enorme esperanza que este anuncio ha producido, muchos otros descrean de la real posibilidad económica de llevarlo a cabo.
A tal efecto, creo oportuno una breve y sencilla reflexión numérica.
      En la actualidad la construcción de una vivienda social le cuesta al Estado y a los contribuyentes alrededor de 130.000 pesos, aún con la modalidad de ejecución de cooperativas de trabajo.
En cambio, la ejecución de la infraestructura básica necesaria para la entrega de un lote urbanizado para todos, se estima en terrenos adecuadamente elegidos (planos y adyacentes a la trama urbana existente) en un precio por empresa del orden de los 11.000 pesos,  por cada lote de 8 metros de frente por 20 metros de fondo.
      En pocas palabras, con el mismo presupuesto necesario para  una vivienda terminada, se pueden entregar no menos de doce lotes urbanizados: es una realidad que quizás no guste a algunos, más es innegable la eficacia del planteo a la hora de atacar al déficit habitacional de raíz, y en pos de favorecer a las grandes mayorías populares. Por ejemplo para 30.000 lotes urbanizados, la inversión sería equivalente a la de 2.500 viviendas sociales.
      Aún así debemos ser realistas y sinceros: no va a ser fácil ni va a ser rápido, y seguramente los obstáculos a sortear serán muchos.
      También es muy factible que la Unidad de Gestión Provincial (U.G.P.) creada en el programa, deba transformarse  en una Secretaría Provincial del Hábitat o similar, que englobe al actual Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (I.V.U.J.), al Departamento de Tierras Fiscales de la Dirección de Inmuebles y otras unidades administrativas menores, y que el actual Registro Único de Aspirantes se transforme a posteriori  en un registro de carácter permanente.
      También es fácil de prever la fuerte presión que la entrega de miles de decenas de lotes ejercerá sobre los servicios públicos, en especial los de agua potable, colectivos urbanos, recolección de residuos y cloacas.
      Sin embargo, es innegable que aún con la mejor planificación, la experiencia nos enseña que en la práctica gran parte del camino se hace al andar, y podemos descontar  la capacidad de todos  para emprenderlo con éxito.
      Así, confiando en la dignidad y capacidad de esfuerzo de todos los jujeños, estamos convencidos y esperanzados que con el apoyo de las grandes mayorías, esta política de estado será una apuesta ganadora para todos.

*Diputado provincial (PJ).