En el programa Domingo Siete de Radio Universidad-La U, nos tomamos el tiempo para conversar sobre la institucionalidad en la provincia de Jujuy, empezamos por el estado de derecho y terminamos hablando sobre la “privatización” de la política social, en un diálogo profundo y muy respetuoso que de ninguna manera está “cerrado”. Compartieron la mesa el diputado radical Pablo Baca (abogado), el profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Rodolfo Lemir y el abogado Marcelo Vera. Además, agregamos la opinión de la actual diputada Carolina Moisés (candidata a gobernadora por el Frente Primero Jujuy), que se refirió al tema en otro programa de la radio.

-¿Qué significa la institucionalidad?
-Baca: Es un tema importante, no sé si preocupa. Una sociedad crece se desarrolla y llega al progreso a través de la institucionalidad, pero es un insumo invisible, el respeto a ley y los derechos el funcionamiento del estado de acuerdo a normas, eso hace posible el desarrollo de la actividad humana, pero no se percibe como algo importante y menos en épocas como ésta, donde la situación económica del país está atravesando por un buen momento. La institucionalidad es la garantía de la ley, el respeto a los derechos; es un funcionamiento del estado con transparencia; es la posibilidad de que la sociedad participe en los asuntos públicos y es un conjunto de reglas que garantizan el crecimiento.
-Lemir: El tema de la institucionalidad pasa por el funcionamiento de las instituciones pero dentro del estado de derecho. Ahora, cuando las instituciones no están de derecho como en la dictadura, uno se pregunta ¿hay institucionalidad, o no? Hay instituciones. La institucionalidad es la parte dura, tan es así que cuando vivimos situaciones críticas, la gente más que preocuparse por las personas, se preocupa por las instituciones. Cuando se dice “que se vayan todos” se habla de las personas, no de las instituciones.
-Vera: Siempre que se habla de esto, se habla del estado de derecho de la ley, de la Constitución; son conceptos que no se pueden disociar, y, efectivamente, en épocas de interrupciones a la democracia no se puede hablar de institucionalidad porque estamos fuera de la ley, fuera de la Constitución, y me parece que ahí está el análisis y el camino por donde hay que ir. por dentro del estado

Pablo Baca, Rodolfo Lemir y Marcelo Vera.

-Después de los hechos que estamos viviendo, las muertes en Libertador General San Martín, la toma masiva de terrenos en toda la provincia, ¿Qué queda de la institucionalidad?
-Vera: Es simple y complejo, lo que todos vemos es interpretable, esa misma realidad tiene una complejidad inabarcable: por qué la policía no actúa o la justicia, que también debería ser parte de la discusión, porque hace más de un mes ya de los terribles sucesos de Ledesma y se sabe muy poco. Me parece que no hay que imponer límites a esta discusión, porque si lo hacemos, nos estamos quedando afuera y no avanzamos sobre el problema.
-Baca: Importan las causas y los antecedentes de lo que pasó. Lo que hace esa eclosión, tiene un antecedente y un déficit habitacional, que desde el oficialismo dicen que no es tanto, pero evidentemente hay muchas personas excluidas de tener una vivienda, y sobre todo está en discusión el sistema con el cual se ha venido distribuyendo la vivienda, el lote; y la ayuda social ha sido un mecanismo teñido de manipulación política que ha generado -en aquellos que han sido excluidos de esos beneficios- un sentimiento de injusticia. Entonces, en la medida en que una sociedad o que sus autoridades presentan reglas que dejan afuera de los derechos a sectores de la población, eso genera conflictos y los potencia. La manera en que el estado reaccionó ante la toma del terreno de la Empresa Ledesma fue torpe, de ninguna manera se compadecía con los procedimientos mínimos que hay que cumplir. Cuando está en presencia de niños y mujeres, la actuación del estado tiene que proteger la dignidad de las personas y cuidar la integridad física de las mismas. No se buscaron aquí soluciones razonables. Y siguieron las torpezas a partir de ahí, cuando se responsabilizó a un juez y se anunció el acceso a un lote para todos. Así se generó la toma  masiva. Entiendo que se va a ir solucionando en la medida que la situación se regularice, se va reponiendo la confianza y la autoridad por parte del estado, además es importante recuperar la justicia en la distribución de las ayudas sociales, atender las necesidades de quienes realmente necesitan, porque mucho se hace a través del acomodo; la construcción de la confianza se da a partir del respeto de la ley y la justicia.
-Lemir: Creo que las instituciones deben dar respuestas. Todo gira en torno del derecho o de la protección del derecho a la propiedad, pero también hay otros derechos contemplados, como el de la vivienda digna. Sin embargo, no hay un mecanismo legal para ver cómo el estado y las instituciones pueden dar solución a eso. Es decir, si un grupo de personas ocupa un terreno, hay todo un mecanismo para poner en marcha, previstos códigos y leyes para tal cosa. Cuando hablamos de vivienda digna, ¿Dónde están las leyes que dicen cómo debe ser la vivienda digna? El problema viene con un vicio, que es la falta de planificación, se dice que se entregaron viviendas en los últimos años, pero evidentemente no es así. No creo que sea tan grande la problemática, pero tendrían que cambiarse algunos  mecanismos: la planificación y la adjudicación de las viviendas.
-Vera: Efectivamente lo que demostró este colapso, fue la imprevisión, porque en las publicidades se hablaba de cinco mil viviendas construidas, pero qué pasó entre esas viviendas y la necesidad que se vio después. No sabemos si en esas cinco mil están también las que hacen las organizaciones sociales, pero definitivamente estamos muy lejos de la realidad que salió a la luz después de los sucesos de las tomas. También me pregunto, por qué esos sistemas de “transparencia”, que se anuncian con bombos y platillos, no existían antes. Siempre debería haber sido así. El estado tuvo una rápida reacción y si fuera tan eficaz, viviríamos en otro planeta. La verdad es que no son eficaces, para mí esto fue una salida de emergencia que tuvo resultado o efecto político más beneficioso del que se esperaba y también esto afecta a la institucionalidad, porque eso que tendría que haber salido por ley, salió por decreto, y por decreto de necesidad y urgencia, cuando la Legislatura está en pleno funcionamiento. Muchas de las “grandes” decisiones salieron por decreto de necesidad y urgencia. Por otro lado, quiero decir que en Jujuy por cosas mucho menores en los 90 se caían los gobiernos.

-¿Qué opinan de la participación de Milagro Sala y la Organización Tupac Amaru en todo esto?
-Vera: Los censos se tercerizaron, en buena parte los hizo la Tupac, esto demuestra que tampoco existe un canal directo de saber y de llegar a la gente: el estado no lo tiene. A esta altura aquí somos todos cristinistas, Milagro Sala decía: “Cristina me pidió que actúe”; yo calculo que Cristina a Barrionuevo también le pidió que actúe.
-Baca: Esa es la culminación de un proceso de privatización de la política social que se pone en manifiesto en forma patente cuando el gobierno recurre a una organización privada para cumplir cometidos públicos, que además se viene alimentando desde el estado nacional desde hace mucho. En Perico hay tierras que son de la finca El Pongo, donde hay arrendatarios que están hace más de cincuenta años trabajando en la finca por legado. Esas tierras en algunos sectores han sido ocupadas con la participación de intendente, en algunos casos por personas que sí necesitan y en otros casos por personas que tienen recursos y que están incrementando su patrimonio. El conflicto es entre los que han ido a ocupar y los arrendatarios, se percibe no sólo la desaparición de estado, sino también el aprovechamiento político de parte de la municipalidad, que distribuye estas tierras.
-Lemir: Los que estaban en las rutas, o en avenida Párroco Marshke delimitaban con camionetas cuatro por cuatro, entonces eso da la pauta de que fue tan aprovechado todo esto que en ese momento todos hacían lo que querían. Por otro lado, no creo que todos hayan querido esto, la gente quiere dar una señal de que falta algo, y ahí disiento con Baca, él dice que las organizaciones sociales son una privatización de la respuesta, yo creo que no hay respuesta y lo que han hecho las organizaciones sociales, con todos los vicios que tienen, fue organizar a la gente. Siempre hubo pobres y necesitados también, las organizaciones lo que hacen es eso: organizar a la gente en su necesidad.  La presidencia tal vez entendió que en Milagro Sala hay mayor ejecutividad para alguna cuestión, o puede plantear todo de primera mano.

-Evidentemente el interlocutor válido fue Milagro Sala, ni el gobierno de la provincia, ni siquiera Fellner llegó ahí.
-Lemir: Molesta lo que sucedió, no olvidemos que fue en un proceso pre electoral.
-Baca: Respecto a las organizaciones sociales, por un lado, en la crisis del 2001, a los planes se los canalizó a través de organizaciones sociales con la idea de que ahí estaban reunidas las personas que lo necesitaban y la ayuda del estado llegaría más directamente a esas organizaciones. Esas organizaciones se transformaron en estructuras, sobre todo en Jujuy, en estructuras políticas, burocracias políticas que empiezan a reunir una gran cantidad de gente cuyos recursos de alguna manera administran y generan un vínculo político entre el que distribuye el recurso y el que lo recibe y son entes particulares, no están sometidos a la reglas de transparencia, ni a los procedimientos públicos en la distribución de sus beneficios. La política pública y la asistencia social tiene que estar regida por procedimientos que garantizan la transparencia en la distribución de los fondos, y además no pueden ser utilizados para generar este tipo de vínculos políticos, sino que tienen que ser distribuidos a través de procedimientos que garanticen la justicia y la atención de las necesidades de quienes realmente lo necesitan. Hay una privatización de funciones públicas que son indelegables por parte del estado.
-Lemir: Uno delega algo, cuando alguien está cumpliéndolo. El control de estas organizaciones, como también el control de los fondos que llegan en forma de coparticipación, deberían estar mucho mejor controlados, para eso están los organismos dentro de la institucionalidad de la provincia y la nación. A pesar de todos los vicios que pueden llegar a tener, es respuesta rápida al hambre y a la necesidad.
-Baca: Estamos en alguna polémica, hay algunos argumentos por parte del estado que tienden a justificar una actuación “de cualquier manera”. Sin embargo, el estado tiene que actuar a través de los procedimientos públicos, y, retomando el origen de esta conversación (la institucionalidad) creo (y no soy optimista) que el Estado tiene que recuperar los controles sobre el gasto social, que la política social se lleve a través de procedimientos públicos que garanticen las transparencia y que además efectivamente sean destinados a las personas que están en necesidad, todo eso sumado a una cantidad de progresos que hay que hacer con respecto a nuestra institucionalidad y que van a evitar que en Jujuy vivamos las situaciones que hemos vivido. Y estoy hablando de cosas que no tienen una relación inmediata como la mejora en la selección de los jueces o al acceso a la información pública, o como la existencia de procedimientos de participación en aquellos temas que hacen a las cuestiones de la comunidad como audiencias públicas, las formas en las que la ciudadanía puede y debe participar, hay que recuperar la institucionalidad más fuerte que lleve a cabo un control acabado del uso que se hace de los recursos públicos y de la atención de las necesidades públicas.
-Vera: Siguiendo lo que dice Baca, me parece que en Jujuy institucionalmente tenemos un larguísimo camino que ni siquiera empezamos a recorrer y si hacemos una agenda desde dónde debería venir la institucionalidad, incluso pese a la polémica, estamos de acuerdo en que se debe controlar. Pero si empezamos a escarbar, por ejemplo con la selección de los jueces, Jujuy se está cayendo de cualquier tipo de evolución histórica con sus sistema de selección de jueces y funcionarios judiciales, acaban de jurar cuarenta funcionarios judiciales sin ningún procedimiento de selección.

Opinión de Moisés en Contra Tres
Al ser consultada sobre este mismo tema, la diputada Carolina Moisés, Licenciada en Ciencias Políticas, explicó “Creo que hay que plantearse la situación desde su complejidad: mucha gente que se vio obligada a tomar casas, forzadas por la circunstancias, pero quizás no tuvieron esa intención. Primero fueron grupos que se organizaron grupos. Y luego lo que empezó organizadamente se multiplicó en el correr de las horas. La gente jamás pensaría cometer ese delito, pero no les quedó otra porque los demás lo hacían. Hay un quiebre moral. Por otro lado, hay muchos que no lo hicieron y no lo harían, y otros que realmente cumplen con los requisitos, y hoy se quedaron sin casa. Nos tenemos que dar este debate sobre por qué este sistema no funciona, y debido a que no funciona muchos se vieron obligados a tomar este tipo de decisiones de ocupar terrenos o viviendas. Había casas que hace tres años y medio que estaban hechas y hasta ahora la gente nunca las había tomado espontáneamente”. Y agregó “La sociedad viene debilitando sus valores, cede ante lo que no es correcto. Hasta se vieron casos de algunos interesados de alguna organización, o algún vivo que vendía casas o terrenos que no le pertenecían. Todo esto tiene que ver con que las instituciones están debilitadas y ninguna cumple con su rol. En estos últimos años parece que lo que está mal está bien, y la justicia hace caso omiso de lo que debería hacer cumplir, porque si lo hiciera generaría conflicto social, entonces es una rueda de nunca acabar”.