Es cierto que el gobierno nacional hizo una reasignación de partidas presupuestarias que podría haber destinado a cualquier provincia, aunque para algunos sea una infamia decir que habrá menos fondos. La reasignación se hizo y está publicada en el Boletín Oficial, si de esos fondos algo le asignarían a Jujuy, es otro cantar. También es cierto que las administraciones  kirchneristas ayudaron a las provincias mucho más que gobiernos anteriores, para eso debemos recordar lo acontecido en el mes de mayo del 2010 con la implementación del Programa Federal de Desendeudamiento presentado por  la presidenta Cristina Fernández, que contempló el refinanciamiento de la deuda que las provincias tenían con la Nación por $ 64.864 millones. En ese entonces se eliminó el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se fijó un plazo de 20 años (con dos de gracia y una tasa fija en pesos del 6% anual. Las provincias ahorraron más de $ 15.000 millones estos dos años (2010-2011), prórroga que vencía el último día del 2011.
      El miércoles 28 de diciembre, en un acto en la Casa Rosada, la presidente comunicó a los gobernadores la prórroga por dos años más de gracia para el pago de las deudas provinciales; destacó que el ahorro para las provincias será de $ 6.917 millones en  2012 y de  6.704 millones en 2013 – no incluye en rigor, una quita – y que permitirá “destinar recursos para seguir incentivando la obra pública y todo lo que sea actividad económica”.
      Sin embargo, la jefa de Estado advirtió a los gobernadores que los beneficios caerán el próximo 29 de febrero si no cumplen con una “pequeña obligación”: el envío de información al Sistema Integrado Previsional Argentino sobre la nómina y la masa salarial del personal provincial y municipal, tanto en relación de dependencia como contratado, activo y pasivo (SIPA).
En realidad, los 17 gobernadores que suscribieron este acuerdo compraron tiempo, la prórroga de dos años más de gracia no implicó, por el momento, una reprogramación del resto de los pagos que las provincias deberán hacer a la Nación hasta el 2030.
      Otra realidad es que en el 2011 varias provincias culminaron con rojos en sus cuentas públicas, aún sin pagar estos vencimientos postergados y que los mandatarios provinciales ya descontaban esta nueva prórroga. A pesar de ello ya se vislumbra una mayor escasez de fondos para el 2012.
      Los primeros coletazos los dio el gobernador de Santa Cruz, que remitió a su Legislatura un proyecto de ley de emergencia que no pudo ser tratado y provocó la renuncia de la mitad del gabinete. El gobernador Peralta por decreto dispuso la suspensión de la designación de personal contratado y en planta transitoria.
      En Río Negro, a pesar de la muerte del gobernador Carlos Soria, se sigue adelante con la aplicación de la ley que puso en disponibilidad al total de la planta de agentes públicos (20.000 empleados estatales), lo que pone en evidencia que está en jaque la estabilidad del empleo público.
      El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, difundió un cronograma que posterga el pago de haberes de empleados públicos y jubilados hasta la mitad del mes.
José Manuel de la Sota, a cargo de la gobernación de Córdoba, anunció un plan de austeridad que prevé la revisión integral de contratos y se evalúan cesantías, adelantó a los gremios que no estará en condiciones de negociar aumentos salariales hasta tanto el gobierno nacional no defina la forma que cancelará la deuda que mantiene con la provincia.
      En el Chaco para completar el pago de salarios se debió apelar al uso de recursos contenidos en un “fondo unificado”, formado por saldos de las cuentas corrientes públicas.
      En Catamarca, la mandataria Lucía Corpacci anunció la baja de empleados que ingresaron sin requisitos.
      Otros distritos como Buenos Aires y Ciudad Autónoma apelaron al incremento de impuesto inmobiliario y en Mendoza dejaron sin efecto la tasa 0 de la vitivinicultura.
      Las proyecciones de una economía desacelerada para el 2012, con menor nivel de actividad, y, por lo tanto, menores ingresos, más los reclamos de aumentos salariales, parecería predecir que el incremento del gasto para este ejercicio no debería superar el 20%.
      Es bueno que la nación advierta que el empleo público se desbandó y que exija informes a provincias, pero si las  propias provincias no reaccionan en tiempo y forma, no sólo con sus propias plantas de personal, sino fundamentalmente con los municipios, la situación en el tiempo se va asemejar a lo que hoy se vive en algunos países de Europa.