Esta nota está hecha de fragmentos de otras notas, más cortas, realizadas durante las mañanas de La Calesita por Radio Universidad (92.9), con la idea de conocer cómo es la situación de las municipalidades y comisiones municipales de la provincia en cuanto a sus finanzas, sus apuros, el crecimiento de la población y la planta de empleados. Telón de fondo: la Ley de Coparticipación (ésa de la que venimos hablando desde el inicio de La Revista en 2004).

      Cuando a principios de enero se escuchó la voz del secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, CPN Juan Carlos Abud, diciendo que no podrían pagar las sueldos y luego el secretario general del SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales), Juan Carlos Bejarano, habló cuidadosamente del tema dejando entrever que era una cuestión política la falta de fondos (más allá de que para el gobierno de la provincia se trata de un desfasaje por el desdoblamiento de las elecciones municipales), el tema estalló en los medios. En el escenario nacional ya estaba planteado el problema en Santa Cruz, en Río Negro, en la ciudad de Córdoba, entre otras. En Jujuy no solamente el municipio de la capital (UCR-UDESO) tiene dificultades, también municipios que responden al oficialismo. Nuevamente se pusieron sobre la mesa las discusiones sobre la Ley de Coparticipación, su validez o no.
      El CPN Carlos Sadir (UCR-UDESO), ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y actual presidente del Concejo Deliberante, plantea la situación de la comuna capitalina de la siguiente manera: “Los recursos que recibe la provincia  por coparticipación se han incrementado 10 veces en los últimos años, mientras que los recursos que recibe la Municipalidad sólo aumentaron cinco veces. Pero lo que es más grave es que estos aumentos han sido arbitrarios, unilaterales, discrecionales, sujetos a decisiones políticas y no a las necesidades de los municipios”.
Y a punta a la distribución: “El mecanismo de distribución de recursos coparticipables tiene diversas falencias, pero además fue un sistema pensado en el 2002 (con una ley aprobada en 2003) para que rigiera por 180 días, hasta tanto se dictara una ley. Y esto nunca ha ocurrido. Por ese acuerdo, la provincia se comprometió a distribuir 800 mil pesos: el 90 % en proporción a la población de la ciudad y el 10 % restante en partes iguales para todos los municipios. Ese monto fue posteriormente incrementado en forma unilateral por el Gobierno de la Provincia y en 2007 se efectuó un nuevo censo de personal que permitió actualizar información, que hoy resulta absolutamente anacrónica”.
      Más aún “Este mecanismo desconoce la realidad de la planta de personal de los municipios y el crecimiento de la población que implica la necesidad de obras y servicios”.
Sobre el Fondo Federal Solidario (o de la “Soja”), Sadir explicó que un 70 % se distribuye entre las provincias y el 30 % restante va a los municipios. Al municipio de la Capital le corresponde un 32,6 % y tendría que ser mayor teniendo en cuenta el último censo. “Así, a la comuna le corresponderían 31 millones de pesos mensuales, y hoy recibe sólo 16 millones”.
      Para el Jefe de Gabinete de Ministros, CPN Armando Berruezo, el gobierno de la provincia asiste a los municipios y colabora con ellos, cumpliendo con la Ley de Coparticipación vigente y aseguró que en esta gestión de Fellner esa ayuda se reforzó. Recordó la implementación del PROFOSAM (Programa de Fortalecimiento y Saneamiento       Municipal-http://www.municipios.jujuy.gov.ar/UGPM/institucional.htm), dirigido a todos los gobiernos locales de la provincia, “con la finalidad de afianzar el proceso de desarrollo local; promover al fortalecimiento institucional; alcanzar el saneamiento de las finanzas municipales”.
      Para Berruezo (para el oficialismo), las dificultades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se derivan de la decisión política de desdoblar las elecciones municipales más el aumento de la planta de empleados y la ampliación de la estructura de la municipalidad (más funcionarios) y más gastos. Además, el primer argumento es que existe una Ley de Coparticipación y que se cumple, y que el radicalismo plantea una discusión mediática. Más allá de esto, Berruezo adelantó que hay voluntad de debatir el tema por parte del Ejecutivo  “siempre y cuando nos sentemos con los municipios y ellos sinceren sus números en una mesa de diálogo, porque hay que ser responsables de las situaciones, administrar responsablemente y hacerse cargo de lo que pasa”.  Esa mesa de diálogo “no será en enero ni en febrero, probablemente en marzo”. Sería un año propicio porque no es electoral.
      El intendente de San Salvador de Jujuy, arq. Raúl Jorge (UCR-UDESO), dijo “Hay que discutir la coparticipación. Si queremos calidad institucional tenemos que empezar a ver las distintas partes (provincia y municipios) para una redistribución equitativa de fondos. Lo mismo sucede entre la Nación y las provincias, son esquemas unitarios que no son buenos”.  Y además aclaró  “Hay voluntad de discutir estos temas, pero el tiempo es corto”.
      Y profundizó “Todos los municipios deberían entrar en una redistribución, teniendo en cuenta que hace 15 años que esto no se discute. Las ciudades crecen en forma descontrolada y la provincia por ejemplo a través del IVUJ instala viviendas y luego los servicios al otro día los tiene que dar la municipalidad”.
      En cuanto a la planta de empleados de la municipalidad dijo: “la provincia toma enero de 2007 para una actualización, nosotros recibimos del ex intendente Martiarena (y nos lo hacen cargo a nosotros) casi 400 empleados más de los que ya había. Nosotros incorporamos unos 550 empleados, un 10% de la planta, que es el porcentaje del crecimiento de la población, con barrios cada vez más alejados y servicios más costosos. Por otro lado, de esos 550 que incorporamos, más de 250 provienen de los Jefes de Hogar, planes que la Nación dejó de dar y que tenían contraprestación en los municipios. Hay un reacomodamiento de gente que venía dando servicios”.
      Alberto Ortiz, intendente de Palpalá, habló muy sucintamente del tema, “La situación de Palpalá en las últimas décadas es particularmente complicada por la privatización de Zapla. Sin embargo, tratamos de mantener las cuentas en orden”.
      Adrián Mendieta (Segundo Centenario-FPV), intendente de El Carmen.
      â€œLos primero días de la gestión fueron bastante complicados porque la municipalidad tenía cuentas cerradas por los proveedores, en particular lo que tenía que ver con los servicios públicos. Hay deudas importantes, como a la ART, y otras, aproximadamente un millón quinientos mil, más la falta de pago a los PEC desde noviembre. Sólo pudimos pagar el 50% de noviembre. Nos dejaron una planta de contratados excedida para 2010, ya que en 2011 no se había aprobado el presupuesto. Por suerte pudimos pagar el aguinaldo apenas asumimos, tuvimos que pedir asistencia a la provincia, que nos acompañó”.
      El comisionado municipal de Yala, Dr. FacundoVargas Durán (FPV) explicó  “La situación financiera de muchos municipios es muy grave y en el caso de Yala es utópico pedir que ‘acomode’ las finanzas. En Yala mantenemos congelada nuestra planta permanente desde el año 1989, hoy carecemos de recursos humanos para atender nuestra población de más de cinco mil habitantes, y al transferir mensualmente la provincia a los municipios solamente fondos para atender la masa salarial, en nuestro caso lo que recibimos es tremendamente desproporcionados e irrisorio”.
Dante Velázquez (FPV), intendente de La Quiaca (ver nota aparte) relató “En planta tenemos 700 empleados. Encontramos una deuda de 3 millones de pesos y dificultades financieras”.
Para Carlos Lops (Frente Primero Jujuy), Jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, “En el ’89 teníamos una planta consolidada de 900 agentes, que luego se fue ampliando. Actualmente contamos con aproximadamente 1500 empleados, entre jornalizados, los que corresponden al Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas y la Municipalidad”. Y agregó “En cuanto a la situación financiera, decir que recibimos desorden administrativo sería mentir. Lo que sí en la cuenta de la soja hay casi 4 millones de pesos y no más de 6 como dijo el ex intendente. Sin embargo, el municipio tiene varias demandas en su contra que se encuentran en proceso, como la de la ART, que implica 6 millones, hay otra demanda de una empresa de transporte alternativo por 9 millones; se pagaron obras que en la realidad no existen y por eso debería haber más dinero. Sin contar la cantidad de empleados que había que no iban a trabajar y no cumplían ninguna función”.
Mecha Castro (MORECI), fiel a su estilo, fue muy directa, por un lado “Nadie quiere hacerse cargo, mientras no haya una Ley de Coparticipación justa -más allá de que haya necesidades que se salgan de eso- esto va a seguir; se peleó con todos los intendentes, los propios y los ajenos, porque que los intendentes no sean del mismo partido no significa que les demos menos de coparticipación”. Por otro lado, “en el origen de los problemas financieros de las comunas hay una falta de manejo porque cuando los funcionarios se van se tienen que llevar a su gente. Al final van quedando en planta permanente cuando se trata de cargos de tipo gabinete, y esto tiene que cambiar. Antes que tener esta Ley de Coparticipación ‘a medias’ es mejor no tener nada”.

      Cuentas que no cierran, ajuste, responsabilidades compartidas, la estabilidad del empleo público en jaque (ver nota de Guillermo Sapag) en una provincia que no se puede dar el lujo de hacer mal las cuentas ni de dejar a empleados en la calle. Sintonía fina.