El Estado Argentino es un contumaz incumplidor de las leyes que autorizan el
aborto. El pasado 28 de abril el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en la Comunicación No 1608/2007 (L.M.R. vs Argentina) presentada por
ters organizaciones: CLADEM, CDD e Insgenar, condenó al Estado Nacional y lo
declaró responsable de la violación a los derechos a la igualdad y no
discriminación, del derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes; y al respeto a la vida privada y la intimidad de las personas.
      Estas violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por la omisión estatal
al no garantizar la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en el artículo
86, inc. 2 del Código Penal a LMR, una joven de la Provincia de Buenos Aires, con
discapacidad mental, que había sido violada. Asimismo, el Comité estableció la
obligación estatal de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones
similares en el futuro.
      Sin embargo, el Estado Argentino no sólo no tomó esas medidas exigidas por el
Comité para reparar a la víctima en este caso, sino que tampoco adoptó las
previsiones para que no se repitan estas situaciones. Así, numerosas mujeres y
niñas en casos similares tuvieron obstáculos insalvables para acceder al aborto
legal.
      A pesar de esta condena el Estado sigue violando sus propias leyes en el tema.
Los casos siguen repitiendo. Funcionarios que prefieren elegir sus propias
convicciones o hacer oscuros cálculos de buena imagen frente a una sociedad que
se muestra hipócrita y complaciente.
      La decisión del juez Jose Colabelli de Esquel, Chubut (posteriormente revocada
por un tribunal superior), en la que niega a una niña de 12 años el derecho a
acceder a una práctica médica legal, desconociendo el derecho internacional,
nacional y local, pone en evidencia un profundo desprecio por la vida y la salud de
una niña de 12 años entendiendo que los cuerpos de las mujeres y niñas son nada
más que envases o incubadoras.
      Los y las funcionarios/as públicos de los sistemas de salud y de justicia,
directamente involucrados en garantizar estos abortos, no sólo incumplen con esta
tarea sino que actúan contra los derechos de las mujeres y niñas. El no
cumplimento de los deberes de funcionario público es un delito.
      El incumplimiento del Estado con los derechos de las mujeres y niñas es una
deuda pendiente que se cobra la vida y salud de las mujeres. (www.cladem.org)

*Documento publicado por CLADEM-Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del aborto no punible, en marzo de este año.