Ha concluido un año electoral y con él un tiempo de gran expectación en torno a como se distribuye el poder en Jujuy. Desde el movimiento de mujeres, venimos señalando la necesidad de mejorar la representación de las mujeres, porque entendemos que ayudará a promover, en la agenda político institucional, las demandas pendientes, de las que depende, en gran medida la construcción de una democracia con equidad de género.
      Hasta ahora, observamos con preocupación que la representación no ha registrado mayores modificaciones, es decir, no hay un aumento sustancial de mujeres en los órganos parlamentarios.
La Ley Nº 5668, impuesta por el oficialismo en el 2010, que estableció que “no se oficializarán listas para ninguna clase de cargos que nominen a más de 2 (dos) candidatos del mismo sexo en orden sucesivo”, ha tenido un efecto magro –que es el buscado por la propia formulación de la ley- en la Legislatura de Jujuy. En la mayoría de los parlamentos comunales y comisiones municipales ha servido para continuar excluyendo a las mujeres de espacios donde se deciden los cursos del desarrollo local.
      La reciente constitución del gabinete provincial que acompañará al gobernador Eduardo Fellner, registra una ausencia total de mujeres. Un hecho que preocupa y que pone en dudas la voluntad política del Ejecutivo de impulsar la agenda de las mujeres y una institucionalidad estatal de género.
      La historia nunca es lineal, sobre todo en materia de derechos humanos. Hay avances y retrocesos permanentes, por eso la resistencia activa del movimiento de mujeres para que los temas que las afectan puedan jerarquizarse y encontrar respuestas en términos leyes y políticas públicas.
      Es cierto que la gestión del gobierno provincial recién comienza y que tiene todo por hacer. Tiene la oportunidad de profundizar el contenido de derechos que corresponde al proyecto democrático. Tienen la oportunidad de compartir el poder con las mujeres, de aprender de sus saberes, de sus prácticas y de una mirada que está determinada por la pertenencia a un género que se construye permanentemente. Ser mujer no es siempre lo mismo, las identidades van cambiando y además el universo femenino es diverso.
      Existe una amplia agenda de temas pendientes. A nivel estatal es preciso reconfigurar la institucionalidad para incorporar la perspectiva de género en las instituciones públicas. El Consejo Provincial de la Mujer puede ser un Ã¡mbito eficaz en este sentido, pero el espacio debe ser refuncionalizado, en principio sería conveniente que sea ratificado por ley, que tenga presupuesto específico y que en su constitución incluya espacios de participación para que quienes integran el movimiento de mujeres puedan efectuar sus críticas y sus aportes. La posibilidad de tranversalizar la perspectiva de género exige de un ámbito específico como puede ser el Consejo, con recursos humanos dotados de herramientas conceptuales y técnicas que permitan poner en marcha los dispositivos necesarios para que promover cambios que tengan como meta la equidad.
      A nivel legislativo, también se precisa desarrollar espacios institucionales para que los temas de género sean abordados. En este sentido hay que recordar que desde hace varios años aguarda su tratamiento un proyecto de creación de una comisión parlamentaria que atienda las cuestiones de derechos humanos y de género. No pueden estos temas quedar diluidos en el resto de las comisiones existentes, porque si no pasará lo que ha venido sucediendo, que finalmente se invisibiliza y se desconoce que las leyes también requieren ser pensadas desde el impacto que provocan en varones y mujeres. Y entonces, tampoco hay posibilidad de entender las medidas de discriminación positiva, pensadas para dinamizar los cambios que favorezcan a colectivos históricamente discriminados y lesionados en sus derechos fundamentales.
      La Multisectorial de las Mujeres de Jujuy – un espacio amplio al que concurren organizaciones diversas, con distintas pertenencias políticas- este año, con motivo del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer -25 de noviembre- ha actualizado las históricas demandas del movimiento de mujeres. Sintéticamente, la Multisectorial ha solicitado “que se declare la Emergencia Provincial en violencia sexual y doméstica hacia las mujeres”, que se adopten medidas para terminar con la muerte de mujeres por abortos inseguros, más presupuesto y acciones del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres y la trata de personas, la derogación del Código de Faltas de la policía de la provincial, un Consejo Provincial de la Mujer efectivo y real, y
una ley que reprima la violencia laboral hacia las mujeres.
      En los reclamos de la Multisectorial de las Mujeres hay todo un programa de reformas legislativas que aguarda ser incorporado al debate parlamentario. Hay que añadir a todo esto, la modificación de la mal llamada ley de cupo, para aumentar la participación política de las mujeres es una de ellas.
      Además hay que trabajar para que se dicten reformas legislativas para abordar la violencia hacia las mujeres, los altos índices de delitos contra la integridad sexual, los abusos en niñas, niños y adolescentes, los abortos clandestinos que provocan muertes de mujeres en edad reproductiva, la situación de las mujeres indígenas, la situación de las mujeres trans, la educación sexual, la coeducación, medidas de igualdad de género en todos los ámbitos de la administración.
      Está pendiente, como ya se ha dicho, la derogación del Código de Faltas que ha servido para perseguir a mujeres en situación de calle, a trabajadoras sexuales, a transgeneros, travestis y transexuales.
      Hay normas que deben ser enriquecidas, necesitamos incorporar al derecho provincial las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las mujeres, conocida como Convención Belen do Pará y la Convención internacional contra la Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), entre otros tratados.
      Hay que impulsar cambios culturales, modificar estereotipos que perpetúan roles y funciones y que son tributarias de la desigualdad de género. Hay revoluciones por hacer, “en la cama, en la casa y en la plaza”, como decimos las feministas. Las transformaciones en el campo de la cultura son fundantes del orden social y por eso tenemos la obligación de empujarlas. Nada podrá ser distinto si reproducimos al interior de la dinámica familiar el orden patriarcal que ha sido opresivo para las mujeres. La igualdad en el ámbito doméstico y familiar debe ser apoyada con políticas públicas que ayuden a avanzar en ese sentido, entendiendo que varones y mujeres tenemos la mismas obligaciones y derechos. Pero además hay que legislar reconociendo que en este siglo XXI existen familias diversas, porque sino estaremos cristalizando una institución de la tradición patriarcal que ha sido la cuna de la desigualdad. Hoy las familias se constituyen de maneras diferentes, todas son igualmente legítimas y todas deben ser protegidas por el Estado. Hay en Argentina Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género, ya no tenemos excusas para seguir discriminando. También en el campo cultural es preciso trabajar para ayudar a construir nuevas masculinidades, formas de ser varón más saludables que entierren las identidades masculinas hegemónicas que han sostenido relaciones desiguales y de subordinación. Las instituciones socializadoras por excelencia la familia, la escuela, los medios de comunicación tienen un papel relevante en este sentido.
      El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy cuenta ahora con la Oficina sobre Violencia Familiar y la Oficina de la Mujer, ambos espacios tiene una enorme potencialidad para avanzar hacia la mejora en la administración de justicia desde la perspectiva de género para que las víctimas de los femicidios, de las violaciones y de las múltiples formas de discriminación hacia la mujer puedan tener un tratamiento acorde al nuevo derecho Estas oficinas pueden contribuir a la formación de recursos humanos en el Poder Judicial consustanciados con los estudios de género; pueden producir estadísticas que ayuden a formular políticas públicas y sobre todo pueden aportar al propio sistema institucional una justicia comprometida con los derechos de las mujeres.
      Hay además temas nacionales que aguardan su tratamiento, entre ellos la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito desde el año 2008 viene impulsando en el Congreso de la Nación un proyecto que se fundamenta en cuestiones de salud pública, justicia social y derechos humanos. En Jujuy como en el resto del país, mueren mujeres pobres que abortan en la clandestinidad. Los abortos inseguros constituyen una de las causas principales de muerte de mujeres en edad reproductiva. Hay políticas de derechos sexuales y reproductivos que han fallado, hay una ausencia de educación sexual y hay mujeres que mueren todos los días. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” este es el reclamo de la Campaña, cuyo proyecto fue tratado este año en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, pero no logró obtener dictamen. El Congreso tiene el desafío de saldar en el 2012 esta deuda pendiente para terminar con la muerte de mujeres y con su criminalización. Este es un tema complejo, difícil y dilemático además porque nos pone frente a decisiones que no serán satisfactorias y frente a las cuales habrá que optar. Hemos avanzado porque hay ya un debate en la sociedad sobre este tema y esto preanuncia un nuevo escenario.
      Además, existen reformas pendientes para incorporar al Código Penal la figura de femicidio, que tiene una especificidad, su origen en relaciones de género desiguales. Hay además que eliminar la figura del avenimiento que pone a las víctimas de violación frente a la situación de desculpabilizar a su propio victimario. Esta figura reenvía a las víctimas a la antesala de nuevas situaciones de violencia. El caso de Carla Figueroa, la mujer asesinada en La Pampa por su ex pareja a la que liberó de la cárcel donde estaba por haberla violado, es un caso testigo de cómo en el derecho penal, perviven resabios del patriarcado que hay que derribar.
      Hay muchos temas pendientes y hay una gran expectativa porque estamos frente a una nueva Legislatura y a un nuevo Poder Ejecutivo, tenemos nuevas intendencias y parlamentos comunales. Tenemos además un nuevo Congreso y una Presidenta que ha sido ratificada en su lugar y que está en una situación de privilegio para ayudar a que avancen los temas de género. Todo está por hacerse, tienen todos y todas ahora la oportunidad de saldar las deudas pendientes con las mujeres.

* Comunicadora Social, miembro de la Multisectorial de las Mujeres, de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista). Integró el colectivo que llevó adelante la demanda por una ley de cupo en Jujuy.