“Errar es humano, perseverar en los errores es diabólico”.
SAN AGUSTÍN.

      Unos siguen  reivindicando el no a la minería, otros responsabilizan a los funcionarios  por no cumplir y hacer cumplir a las empresas las leyes vigentes en materia ambiental, otros suspenden por 180 días el tratamiento del tema, buscando en forma aislada alternativas que, hasta ahora, no aparecen, otros anuncian para los próximos meses la puesta en marcha de un importante emprendimiento minero como es Mina Pirquitas, mostrando la decisión política de una parte de los Ejecutivos Provincial y  Nacional de avanzar en el tema a como de lugar.
Nuestra sociedad que está buscando el camino para una mejor convivencia en democracia, necesita que todas o por lo menos la mayoría de las opiniones, partiendo del supuesto que las mismas defienden a ultranza el bienestar, el progreso  y la salud  de todos los ciudadanos, sean tenidas en cuenta.
      Para eso, se debe buscar un camino que permita que las verdades parciales que cada uno pueda tener se sumen a una solución que necesitamos con urgencia, para salir de este callejón sin salida al que nos estamos encaminando en un año que ya se empezó a mostrar como conflictivo.
      En esta dirección bueno sería que todos podamos entender, dejando de lado intereses personales, antinomias y fundamentalismos, que lo que lo que tenemos instalado a nivel provincial  no es sólo un problema de minería si o minería no, sino una cuestión más profunda de desarrollo y gestión ambiental.
      Este tema por lo intrincado de su solución necesita una política de Estado clara, definida y concensuada con todos los actores involucrados. Que tenga continuidad en el tiempo, sea independiente del gobierno de turno y que además atienda y de soluciones a los otros problemas  colaterales que se generan  en: lo ambiental,  lo económico,  lo social, etc.

• Mejorar la coordinación de las acciones de  los organismos responsables. Con un trabajo real, efectivo y conjunto entre el Gobierno de Jujuy, las secretarías de Minería y de Medio Ambiente de Nación y Provincia y las organizaciones empresariales y sociales promoviendo una mesa de dialogo, donde todos las partes participen y estén efectivamente representadas, no solo consultadas en forma aislada.                             

• Dar difusión, modificar  o actualizar según corresponda, la normativa vigente en materia de minería y medio ambiente.

• Optimizar la reglamentación  y dar efectivo cumplimiento a la Ley General de Medio Ambiente de la Provincia Nº 5063 del 14 de julio de 1.998.

• Avanzar entre todos en la construcción de un nuevo estado
  Con bases más amplias de: sustentación social, y con políticas públicas claramente definidas; potenciando “las instancias institucionales de participación que garanticen el consenso como criterio rector” y con la suficiente fuerza para desarrollar un conjunto de políticas que regulen el comportamiento del capital interno más concentrado es decir ”una nueva relación con los grandes grupos empresarios”

      Si un “acuerdo base de trabajo” de este tipo no es posible, el Ejecutivo Provincial podría  implementar otra estrategia.

Plan “B”
      Los invito a que meditemos un instante, seguramente podremos apreciar en el entorno que nos rodea en cualquier lugar de la provincia adonde vivamos: industrias que contaminan a mansalva, colectivos que nos fumigan con su estela de humo negro, ingenios con su carga centenaria de contaminación, fundiciones que se amparan en la oscuridad de la noche para tapar la clandestinidad de sus actos, las fabricas de papel que con sus delicados aromas nos perfuman, la siderúrgica que vuelca su residuo cloacal al Río Grande sin ningún tipo de tratamiento,  etc. etc. etc…
      Como un primer paso en dirección de mostrar a la sociedad una nueva política en lo ambiental, creo que es fundamental cambiar el discurso por hechos concretos avanzando en la solución de estos problemas  de contaminación  ya instalados, con los que convivimos todos los días; mostrando de esta manera una política de Estado real a favor de todos los habitantes de la Provincia.
      Si esta es la decisión, el primer paso será entonces: recuperar el Estado y colocarlo en el rol de control  y defensa de los ciudadanos, rol que nunca debió abandonar.

Para esto se debe recuperar e implementar:

• Organismos de control.  Recuperar, potenciar o crear nuevos  mecanismos de control, ya que los que existían en su mayoría fueron desmantelados, introducidos a un freezer, o simplemente reducidos a un cargo para cubrir algún compromiso partidario, lo cual nos sigue mostrando, y claramente que, los negociados que se hicieron o los errores que se cometieron en el pasado, están vigentes y amparados por un manto de impunidad.

      Pero además se los debe “armar” de recursos económicos, el personal y la “libertad política” para realizar sus tareas. En este sentido deben ser tenidos en cuenta, entre otros, los antecedentes que puedan aportar  el  ministerio de Trabajo y Seguridad Social  de la Nación y su Agencia Territorial, la dirección de Minas de la Provincia y su Policía Minera.

• Reforma del sistema de impuestos e incentivos. Otra alternativa, a mediano plazo, la que mostraría un cambio de actitud política real y que ya se esta implementando en otros lugares del mundo, es la que indica que el que  contamina paga.  

      El mercado, a través de las industrias, trata los recursos de la atmósfera y los ríos como si fueran gratis, nos  transfieren a los ciudadanos sus costos internos asociados a la producción y nos hacen socios a todos de la contaminación del aire, del agua, o el agotamiento de los recursos naturales. Debemos cambiar esta arcaica idea y avanzar en hacerlos responsable directos a los que realizan sus negocios utilizando la contaminación o los pasivos ambientales, con estrategia para reducir costos.
      Este nuevo principio, exige a las industrias que paguen absolutamente todo lo que cuesta proteger el medio ambiente de la contaminación resultante de sus actividades industriales.
      Será necesaria entonces una “Ley de Responsabilidad Ambiental”, que obligue al que contamina a pagar el daño causado, pero además, a devolver los recursos naturales, en la medida de lo posible,  al estado original en que se encontraban antes del daño; exigiendo a las empresas una garantía financiera adicional (un  seguro o un aval bancario) para hacer frente a accidentes ambientales.
Resumiendo: el causante del daño ambiental no sólo debe estar obligado a repararlo sino que “no podrá sustituirlo por las compensaciones económicas que normalmente otorga el Estado a las empresas.”
      Algunos dirán que estas propuestas son utópicas, yo insisto que en este momento particular en el que nos encontramos como Provincia y como Nación debemos buscar un camino común alternativo en esta etapa de “posneoliberalismo”, para evitar lo que actualmente se da y genera un modelo de explotación de estos recursos en forma privada, con contaminación y depredación; ya que esta es una realidad que, a corto, mediano o largo plazo nos afectará a nosotros y a las futuras generaciones”.

* Minería en Jujuy (V).