Pablo Baca*

      Desde el radicalismo se está instalando la necesidad de revisar la relación entre la Nación y la Provincia, sobre todo en lo que hace a la distribución de recursos. Hay varias cuestiones que urgen a este planteo.

      El primer dato, público y notorio, es que existe un Estado Nacional solvente. Estuvo en condiciones de pagar en enero de 2006 al Fondo Monetario Internacional, u$s 9.530 millones de dólares por adelantado y sin beneficio a cambio. Y el desembolso no trajo problema alguno. Otro dato: hace tiempo ya que el Estado Nacional ha logrado superar los u$s 50.000 millones de reservas en el Banco Central, un récord histórico. Y además todos los meses se informan logros en materia de recaudación nacional. Es claro -aunque se manipulen los índices de precios- que el incremento tiene que ver con la inflación, pero igual -cuanto menos- los ingresos nacionales crecen compensando la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
      Otro dato, también público y notorio, es que las provincias padecen situaciones fiscales difíciles y hasta insostenibles. Jujuy en particular, contrajo con la Nación una deuda que se acerca a los 3.000 millones (en lo sucesivo “M”) de pesos. Los recursos previstos para el presente ejercicio no alcanzan a cubrir los gastos autorizados por el presupuesto. Faltan $ 88 M, por la negativa del gobierno nacional al tiempo de la refinanciación de la deuda de la Provincia.
      Esto del lado de los recursos; del lado de las responsabilidades, la situación se invierte. Son las provincias las que tienen a su cargo los principales servicios, la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente, la seguridad. Los recursos de un lado, las responsabilidades del otro. Así Jujuy apenas puede atender sus compromisos actuales y frente a cada deslizamiento inflacionario, enfrenta en la impotencia los reclamos de empleados públicos o proveedores, esperando el gesto de un funcionario nacional.
      Es verdad, la Nación tiene responsabilidades. Atiende las jubilaciones y pensiones, la obra social de los jubilados, la justicia federal y la seguridad nacional, unos cuántos servicios más. Pero sus ingresos son más que suficientes, al punto de poder encarar proyectos multimillonarios como el Tren Bala. Distribuye también a las necesitadas provincias, construyendo una escuela aquí o pavimentando una ruta allá, según el estado de las relaciones con cada uno de los gobernadores.
      De las consecuencias políticas de esta asimetría mucho se ha dicho. La expresión extrema es la supresión de las autonomías provinciales y el sometimiento de los gobiernos locales. Pero hay también consecuencias económicas y sociales. La falta de recursos significa deterioro de los servicios, aumento de la pobreza, desaliento a la producción. Sostenemos que a esta situación se ha llegado por un ejercicio arbitrario y abusivo de las atribuciones de las autoridades nacionales en materia fiscal. Un ejercicio que, además, suprime el federalismo y es por lo tanto inconstitucional.
      Un equipo de trabajo en el Senado de la Nación, conducido por el senador Gerardo Morales ha llevado a cabo un estudio de los distintos procedimientos a que se echó mano para ir disminuyendo los recursos provinciales. En síntesis:

ATN
      El Fondo ha sido sistemáticamente subejecutado desde el año 2002 en adelante. A la fecha, la Nación lleva retenidos unos $ 5.700 millones.

AFIP
 Por dos normas internas, la AFIP sustrae a las provincias cuantiosos recursos:
 a) Manipulando el Régimen de pago a cuenta de impuestos coparticipables. El impuesto al cheque (del que sólo se coparticipa el 15%) puede destinarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias (que se coparticipa en el 50%).La AFIP contabiliza la recaudación por los pagos a cuenta (alrededor de $1700 millones anuales) en el impuesto al cheque, en lugar de computarlos en el impuesto a las ganancias. Así las provincias pierden $ 580 M anuales. Lo mismo ocurre con otros regímenes, como el que permite computar las contribuciones patronales a cuenta de IVA, que genera una pérdida adicional de otros $ 950 M.
 b) La AFIP tiene derecho a una comisión del 1,9% de lo que recauda. Pero no detrae el 1,9% de cada uno de los impuestos, sino de la cuenta del IVA, uno de los impuestos que más distribuye a las Provincias. Así impone a las Provincias un pago de $ 2500 M anuales, en lugar de los $ 1300 M que correspondería.

ANSES
 Existen mecanismos de pre-coparticipación que destinan parte de la recaudación al ANSES. Como consecuencia, las Provincias dejarán de percibir en 2008, la suma casi $ 23.000 M (como “contrapartida”, el ANSES se ha hecho cargo de $ 1200 M anuales de las ex cajas provinciales y financia $ 1500 M de las no transferidas).

RETENCIONES A
LAS EXPORTACIONES
      Las retenciones a las exportaciones –que no se coparticipan-, además del conflicto con sectores del agro, han tenido el efecto de reducir la recaudación del impuesto a las ganancias -que se coparticipa-. Las retenciones recaen sobre los exportadores, de modo que la traslación del impuesto no opera hacia delante sino hacia atrás, afectando la rentabilidad de la cadena de producción y comercialización y reduciendo así drásticamente la recaudación del impuesto a las ganancias.
      Si se aplicara el sistema impositivo general, el impuesto a las ganancias incrementaría en $ 11.800 M, de los cuales serían de las provincias unos $ 5500 M.

GARANTÍA DE PISO
DE COPARTICIPACIÓN
 Â Â Â Â Â  El Artículo 7 de la Ley de Coparticipación establece: “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”. Sin embargo, en los últimos años los recursos transferidos a las Provincias nunca han alcanzado ese piso mínimo. Dado el aumento de la recaudación de retenciones a la exportación, en el año 2008 el porcentaje de las provincias será del 25%. Las provincias recibirán casi $ 71.000 M en lugar de los $ 95.000 M que correspondería por la garantía del 34% como mínimo.

RAZONES DE
LA DEMANDA
      El conjunto de los mecanismos expuestos pone en evidencia que la Nación viene haciendo un ejercicio arbitrario de sus facultades en materia fiscal. El bloque de diputados provinciales de la UCR propone, a través de un proyecto de ley, instruir al Poder Ejecutivo a que demande al Estado Nacional la restitución de las sumas de las que la Provincia de Jujuy ha sido indebidamente privada. Se están estudiando otras alternativas, referidas –por ejemplo- a la vigencia de los pactos entre la Nación y la Provincia. Los senadores nacionales del radicalismo interpondrán una demanda por la representación federal del cuerpo.
      En lo que hace a la demanda que se propone, hay un conjunto de cuestiones de derecho tributario y constitucional. Está la necesidad de plantear la inconstitucionalidad del impuesto al cheque, que apareció en la emergencia y dura ya mucho más que la emergencia. Hay que demandar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación. También la inconstitucionalidad de las leyes de prórroga de la emergencia y de las delegaciones y subdelegaciones legislativas en materia tributaria. Será preciso denunciar alguno de los pactos firmados por la Provincia por los incumplimientos de la Nación. Hay una bibliografía importante sobre estas cuestiones, que se cita en el proyecto de ley ya mencionado.
      Son problemas jurídicos complejos. Pero la dificultad mayor proviene seguramente del alineamiento del gobierno provincial con el gobierno nacional. Algo no obstante tendrá que hacerse. Lo que está en juego no es poco. Si tomamos en cuenta exclusivamente el piso del art. 7 de la Ley de Coparticipación, son $ 683,3 M anuales de los que se está privando a Jujuy.
      El desafío pesa sobre todos los sectores, muy especialmente sobre los que gobiernan. La Nación registra superávit y destina enormes cantidades a subsidiar especialmente a quienes habitan la Ciudad de Buenos Aires y detentan en promedio los mayores ingresos del país, mientras las provincias carecen de lo mínimo siquiera para atender sus servicios y los sueldos de sus empleados. Ese no era el federalismo argentino. No ha sido tampoco esa la voluntad del constituyente de 1994, que estableció la obligación del gobierno nacional de proveer al crecimiento armónico de la Nación y de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.

*Diputado del Bloque de la U.C.R. en la Legislatura de Jujuy