Resulta una verdad revelada que la importancia de los medios de comunicación de masas es muy grande. Por cierto que, a través  de ellos, millones de personas de diferente edad y condición social reciben constantemente toda clase de información y conocimientos sin los cuales sería imposible el desarrollo y progreso de las comunidades y naciones.
      En virtud de ello, el poder de estos medios -actualmente sumamente tecnificados- es enorme. De ahí que ciertos grupos dominantes a nivel mundial y local no vacilen en utilizarlos para extender su predominio. Así, muchas veces llegan a convertirse en verdaderos instrumentos políticos, económicos o estratégicos tan importantes como la industria o el comercio. Es por ello que los gobiernos otorgan gran importancia al control y funcionamiento de radios, periódicos, cine y televisión. En tal sentido, y para que los medios de comunicación cumplan los fines sociales para los que fueron creados, el Estado, sin alterar la libertad de expresión consagrada por la Constitución y sin monopolizar la información, debe regular, a través de una legislación adecuada, el uso y manejo de tales medios.
      Atento lo manifestado, en fecha reciente el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso para su análisis, debate y sanción, un proyecto de ley sobre los Servicios de Comunicación Audio Visuales orientado a ordenar y regular el uso y explotación de los medios de comunicación en nuestra República.
      Ante todo, lo que resulta destacable e inédito en el mencionado proyecto es la vasta como múltiple participación que han de tener distintos sectores de la comunidad nacional en su redacción. En efecto, fueron convocados representantes del sector obrero (CGT y CTA), de los diferentes cultos, empresarios y directivos de los medios de comunicación, embajadores, editores y trabajadores de radio y televisión. Con ello se ha logrado una auténtica como democrática intervención en una materia de indudable interés y repercusión pública y social.
      Esta acertada iniciativa tiene como virtud esencial distintos aspectos a considerar. Por un lado, poner término a la vigencia de la actual ley de radiodifusión Nº 22.285 sancionada por el último régimen militar. Por el otro, dar finiquito a una legislación claramente obsoleta frente a las nuevas circunstancias sociales, culturales y tecnológicas. Por sobre todo, posee el gran mérito de constituir un verdadero instrumento de resguardo del ejercicio pleno  de los artículos 14 y 42 de nuestra Ley Fundamental que consagran los derechos de los ciudadanos a publicar sus ideas sin censura previa, a una información adecuada y veraz, libertad de elección, trato digno y equitativo así como a la calidad y eficiencia de un servicio público como el de la comunicación.
      También merece especial mención el hecho -inédito- de que la normativa permite el acceso al campo de las comunicaciones de las entidades “sin fines de lucro” (cooperativas, ONG, comunidades vecinales) a quienes se les reserva el 33% de los espacios radiales y televisivos lo que constituye un gesto de estricta equidad y justicia.
      Otro aspecto a destacar, no menos trascendente y constitutivo de un sano como equitativo avance en el ámbito de las comunicaciones audio visuales, resulta ser aquel que se refiere a la definitiva como necesaria “eliminación” de todo tipo de monopolios y oligopolios en el  manejo de la información pública tal como actualmente detentan determinados grupos empresarios concentrados en desmedro evidente de nuestros legítimos y básicos derechos a la “libertad de información” habida cuenta que tales grupos suelen discriminar y manipular la opinión pública en orden a sus exclusivos intereses sectoriales. Para evitarlo, se estable un límite de diez concesiones por empresa.
      Por cuanto se refiere al control del Servicio de Comunicación Audiovisual, el mismo estará a cargo no ya del PE nacional sino de un organismo autónomo de carácter colegiado, integrado por diputados y senadores del Congreso de distinta extracción partidaria. Con ello se garantiza la  independencia y transparencia de sus funciones.
      En síntesis, y sin pretender haber agotado el análisis de esta positiva iniciativa de claro perfil y sesgo democrático-republicano, estimo que ha de significar un notable como auspicioso avance y  beneficio para nuestra comunidad nacional en franco resguardo la dignidad ciudadana, al tiempo que aspira fortalecer y consolidar el respeto hacia nuestra soberanía cultural, social y política.

*Abogado. Docente