Ernesto Altea

      Todos sabemos los perjuicios que provoca al conjunto de la sociedad la metodología de protesta que utiliza cortes de rutas, calles u otras formas de negociar mediante la presión de la violencia social, cuando toma como rehenes a los ciudadanos. Los daños son evidentes en actividades como turismo, comercio, servicios. Sobre todo advertimos el impacto negativo que genera en las personas, porque se sienten incluidas en un juego peligroso del que siendo  parte, nada pueden hacer para resolver. Se genera un desánimo que lleva a  mucha gente a impulsar a sus hijos para que se vayan a vivir a otros lugares, se retrasan inversiones y sobre todo, se pone en evidencia la indignidad de una sociedad humillada. Los que protestan, porque tienen que recurrir a métodos extorsivos para conseguir resultados y los ciudadanos comunes, porque sienten que viven en una sociedad donde sus derechos pueden ser suprimidos en cualquier momento.
      Todos sabemos que esta metodología está fomentada por el gobierno nacional y que poco o nada pueden hacer los gobernadores al respecto. Sobre todo los que se declaran adictos al matrimonio gobernante, ya que el liderazgo K no tolera díscolos ni opiniones discordantes entre sus filas. Decir algo que no coincida con las decisiones K, implica caer en desgracia y quedar excluido de los “favores” presidenciales, llámense fondos para obras públicas, ayuda financiera para pagar sueldos o espacios políticos dentro de la corte gobernante.
      Pero por lo que pudo verse los días del paro nacional del campo, algo está cambiando en Argentina. La mayoría de la sociedad parece haberse sentido reivindicada por el abierto desafío del campo al autoritarismo característico del matrimonio gobernante.
      Contrariamente a lo que ocurre con los cortes a los que estamos acostumbrados los argentinos, esta vez las dificultades generadas por las rutas interrumpidas y el parcial desabastecimiento en las ciudades, se percibió como un mensaje que no solo debe llegar al gobierno nacional, sino también a los gobiernos provinciales que no salieron a defender a sus productores ni a los recursos coparticipables que les corresponden.
      El impacto en el matrimonio gobernante pudo medirse por la sucesión de actos y discursos destemplados de la Presidente, aunque lo que más evidenció su debilidad fueron las provocaciones mediante los camioneros de Moyano o Dlía, trompeando manifestantes en Plaza de Mayo. Evidentemente buscaron generar enfrentamiento entre sectores de la sociedad para imponer sus ideas por el miedo y así mantener callados a quienes no piensan como ellos. De ninguna manera debemos prestarnos a ese juego maquiavélico del cual saldremos todos perdedores y ellos podrán seguir dividiendo para reinar.
      Por lo tanto si el gobierno no puede, no sabe o no quiere hacer algo para avanzar en soluciones que se sostengan en el tiempo, disminuyendo la conflictividad social y consecuentemente, mejorando la calidad de vida de los jujeños y el clima de confianza imprescindible para lograr un desarrollo sustentable, si además las organizaciones sociales siguen obteniendo sus reivindicaciones utilizando esta metodología y se saben apoyadas desde el gobierno nacional.
      Â¿Qué podemos hacer la inmensa mayoría de los jujeños que no integramos una ni otra parte, pero sufrimos las consecuencias negativas de esta situación? ¿Debemos limitarnos a protestar en voz baja sabiendo que nadie nos ayudará, o nos organizamos para enfrentar la violencia con más violencia haciendo valer nuestros derechos por la fuerza?
      En el mensaje del Gobernador durante la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, percibo una luz de esperanza. Los últimos párrafos de su alocución estuvieron dedicados  a la preocupación que le causa esta situación  nacional, que en nuestra provincia se manifiesta en una sociedad fracturada, caracterizándola como una necesidad de mayor participación dentro de la democracia. Al concluir se comprometió a convocar inmediatamente al diálogo a los partidos políticos primero y al resto de los actores sociales luego, para encontrar juntos caminos para resolver esta situación de manera sostenible.
      Asumiendo esta declaración como sincera, la considero el aporte más importante y valiente que un gobernador pueda hacer a la reconstrucción del tejido social jujeño. El primer paso a un acuerdo que fije mecanismos adecuados para mejorar la convivencia y la paz social e inicie un proceso de desarrollo sostenido con equidad. 
      Construir puentes entre los diferentes sectores de la sociedad para que nos comuniquemos y busquemos juntos las soluciones. Esa es la tarea que está iniciando el Walter Barrionuevo a través del diálogo. A cien días de su gobierno y después de haber superado dificultosamente los primeros embates de los sectores más radicalizados de esta sociedad fracturada, está abriendo las puertas a un camino que, si se transita con sinceridad y coraje, puede cambiar el rumbo y conducirnos a un destino mejor a todos los jujeños.
      Para que esto ocurra los resultados del diálogo deben traducirse en acciones  incluyentes que generen oportunidades de trabajo a todos los jujeños, creando condiciones para una mayor movilidad social, es decir, más equidad. Debemos trabajar para lograr una sociedad donde nacer pobre no signifique una condena de por vida, en la que haya espacio para que todos los jujeños puedan ascender social y económicamente.