Jorge R. Rizzotti*

      Una de las grandes problemáticas de los sistemas de gobierno es el déficit de control de gestión, que afecta la calidad institucional, y genera importantes pérdidas económicas por la ineficacia e ineficiencia en la administración de los recursos, siempre escasos; lo que además, lesiona el contrato de confianza con la ciudadanía que es destinataria de la acción de gobierno y se ve privada de posibilidades de satisfacción de sus necesidades, justamente por el descontrol en el manejo de los fondos públicas.
      De manera que incorporar el debate sobre el control de gestión del Estado a la agenda parlamentaria, debe ser un imperativo de la nueva Cámara de Diputados, y en ese sentido comprometo mi labor. No se trata de una propuesta desde una mirada opositora. El control es un imperativo de cualquier tipo de organización, y como responsabilidad, recae en primer término sobre quien ejerce el gobierno.
      En primer término, debo señalar que el concepto de control es inherente a la constitución de la República, por lo que debería ser tema de permanente preocupación en el fortalecimiento democrático. Sin embargo, hubo un relajamiento preocupante que ha abonado la displicencia, cuando no, actos reñidos con la legalidad. Este proceso de relajamiento, interpreto, es  consecuencia indirecta del neoliberalismo que en los años ‘90 ha buscado reducir al estado a su mínima expresión. La revalorización del espacio público que prosiguió a esa ola, obligó a repensar el estado y en ese contexto, es que el control se impone como un concepto a ser abordado con mayor firmeza. El paradigma del control público, reenvía el análisis a las normas vigentes y a los dispositivos organizacionales internos del Estado, que si bien existen en cada uno de los estamentos internos, de hecho no funcionan eficientemente. La Ley Nº 4958 “Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy”, dispone que son órganos rectores de los sistemas de control la Sindicatura de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. El primero de los organismos fue posteriormente reemplazado por una Auditoría de la Provincia, un organismo que nunca fue creado, lo que motiva una particular falta de control de gestión. No se trata solamente de que los organismos públicos cumplan con la ley en la ejecución de sus gastos, sino que también es exigible que cumplan eficazmente con los programas o servicios que tienen a su cargo. Es decir, debe controlase la legalidad y también la obtención de los resultados previstos. En el Estado, donde existen para atender múltiples funciones y hay que satisfacer innumerables demandas de la gente, es preciso asegurar que los recursos que se destinan a estos fines alcancen los objetivos para los que son asignados. Debemos tener sistemas que permitan medir los resultados y la mayor o menor eficacia de la inversión pública.
Sin duda, después de la crisis de representatividad que hizo eclosión en el 2.001, y de los cuestionamientos a la dirigencia que afectan a la democracia misma, se impone como prioridad garantizar la puesta en marcha de los  controles previstos en las leyes vigentes, y generar nuevos, para optimizar la función republicana de control.
      Otro tema que no es menor, es el de la información pública. No es posible controlar, si no se puede acceder a la información de los actos de gobierno. Al respecto, hay que decir que existe una cultura de ocultamiento de la gestión de gobierno, cultura que debe cambiarse para dotar de transparencia a las instituciones. Por otra parte, la Legislatura de la Provincia debe recuperar la posibilidad de control, pero en primer término, la capacidad de solicitar información al PE. Con esto quiero decir que es inadmisible que no se aprueben pedidos de informe promovidos por los legisladores, sólo porque el bloque de diputados del oficialismo se niega  a hacerlo por no molestar a los funcionarios de su partido. Hay que maximizar los controles a través de los organismos existentes y crear nuevos dispositivos para que los funcionarios públicos cumplan sus responsabilidades y lo hagan con estándares de calidad, para que se efectúe un manejo adecuado, eficaz, equitativo y justo de los recursos -en gran medida- integrados por los aportes de los contribuyentes y ciudadanos. Con esto se producirán avances cualitativos en democracia, porque los sistemas de control ayudan a que todos cumplan con el rol asignado en el estado, ayuda a que los recursos escasos se distribuyan eficaz y  eficientemente, evitando derroches burocráticos o desprolijidades que drenan recursos impidiendo el progreso social. Pero además el control es una condición indispensable para que el Estado responda a las demandas ciudadanas -garantice el cumplimiento de derechos- presupuestos que están en la base del contrato que se establece, primero en la instancia electoral y luego en la función pública. La presencia de sistemas eficaces de control, es una señal de seguridad jurídica que hoy es evaluada por los inversores.
      Las irregularidades y episodios de corrupción ocurridos a lo largo de las últimas décadas, dan cuenta que los organismos de control estatal no han cumplido con la misión de auditar o monitorear la gestión pública y hemos perdido recursos y tiempo, y lo que es mas grave, la confianza ciudadana, un capital que debemos recuperar, que es fundamental para la construcción de la democracia.

*Vicepresidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Candidato a diputado provincial por el Frente Jujeño.