Una trayectoria de las ideas referidas
a la represión dictatorial en Jujuy

Reynaldo Castro

      Era un gilastro en estado natural. Estaba en medio de la dictadura más feroz y observaba las piruetas que hacían los aviones en la inauguración del entonces aeropuerto internacional, pero no miraba que –en ese mismo momento– Nélida y Andrés Fidalgo empezaban su doloroso destierro. Sí, era un gil; hablo de mí, naturalmente.
      Hay momentos o circunstancias en que ciertas ideas están en las mentes de casi todos. O, por lo menos, se trata de ideas parecidas. Esas ideas, por lo general, circulan por los medios de gran alcance, en especial –qué duda cabe– por la televisión. Pero antes de ser imagen hace falta la letra, que alguien diga o escriba qué se debe decir, qué se debe mostrar. Esta construcción, digámoslo ya, no es para nada inocente.
      En aquella nefasta época, la construcción era exclusiva del poder. Costosas campañas que monopolizaron la información repetían lo que había conceptualizado Jorge Rafael Videla, presidente de facto y genocida, “los desaparecidos son eso, desaparecidos”. O sea, de “eso” no se hablaba.
      Sólo un grupo pequeño de mujeres se animaron a protestar. Y, en esa protesta, se organizaron y se convirtieron a sí mismos en una respuesta excepcional contra el régimen asesino, también excepcional. Hablo del símbolo de la resistencia: las Madres de Plaza de Mayo. Y hablo también de un pequeño grupo de hombres y mujeres de Jujuy; más mujeres que hombres, justo es decirlo.
Cuando terminó la dictadura, las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) fueron quienes hicieron factible que Raúl Alfonsín ordenara, en diciembre de 1983, el Juicio a las Juntas Militares. Después, ya sabemos lo que ocurrió. Todos nos enteramos que aquí también se torturaba, que aquí también existían Centros Clandestinos de Detención, que aquí desaparecieron más de cien personas y que contamos con el triste record de tener el pueblo con mayor cantidad de desaparecidos por densidad poblacional: Tumbaya.
      Era el tiempo en que Olga Márquez de Aredez no marchaba sola (después una imagen de un film documental la dejaría congelada en soledad), Andrés Fidalgo preparaba las primeras nóminas de detenidos y desaparecidos, y también preparaba la primera lista de represores y personas vinculadas con actos de represión que alguna vez la justicia deberá investigar. Era el tiempo en que casi todos nos indignábamos con las atrocidades cometidas durante la dictadura. Pero llegaron la obediencia debida y punto final o, para decirlo sin eufemismos, las leyes de protección al torturador. Leyes que aprobaron los legisladores que supimos votar, como por ejemplo los tres jujeños que a fines de 1986 aprobaron la ley que puso un límite de ¡dos meses! a las citaciones judiciales y posibilitaron que los torturadores sigan en libertad. Y, en ese momento, casi se enfría todo.
      Los familiares siguieron con su discurso inclaudicable que resumieron en tres palabras clave: memoria, verdad y justicia. No olvidar para no repetir, dice el primer mandato; conocer qué paso, por qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados en esos sucesos trágicos; y, finalmente, buscar la justicia, sentar en el banco de los acusados a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y –aunque pocos los dicen– a los ideólogos, los empresarios que los solventaban y a los funcionarios religiosos que perdonaron lo que no había que perdonar y que no denunciaron lo que había que denunciar.
      El clima intelectual de fines de los ochenta se mostró oscuro para el movimiento de Derechos Humanos. En esa oscuridad, Carlos Menem, el 6 de octubre de 1989, firmó los decretos de indulto que beneficiaron a 216 militantes y 64 civiles. En Jujuy, una funcionaria del gobierno provincial (y con un pasado de agitación cultural que todavía es posible reivindicar) expresó a la televisión local que ella estaba de acuerdo con la medida presidencial; a pesar de la firmeza de su enunciado, ella sabía que su decisión sería repudiada por el ambiente cultural que frecuentaba.
      Con mucho tacto, los familiares de los desaparecidos buscaban posibles firmantes al petitorio que, en vano, enviarían al Presidente. Es necesario aclarar que la diplomacia empleada por aquellos se debía a que muchos jujeños se negaban a firmar el pedido de nulidad del indulto. Las tres palabras seguían inclaudicables; pero muchos hacían como que no las oían.
      El 2001 marcó un punto de inflexión en las luchas por los Derechos Humanos. El juez Gabriel Cavallo declara la “inconstitucionalidad y la nulidad insanables” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En nuestra provincia, los familiares de los detenidos-desaparecidos solicitaron la apertura del Juicio por la Verdad (un puente para superar el vacío de justicia que habían creado las leyes del perdón y los indultos), pero las audiencias recién comenzarían dos años después. En la conmemoración de los 25 años del Golpe, –además de las organizaciones de DDHH– participaron activamente: ex presos políticos, periodistas, poetas, músicos. La convocatoria a los actos fue una de las más numerosas y también ese año se presentó la primera investigación sobre la dictadura en Jujuy: el libro Jujuy, 1966-1983 de Andrés Fidalgo. A partir de esta obra se elaboraron otros libros, revistas y documentales. La máquina de rememorar se activó y muchos destaparon sus orejas.
Dos años después asumió Néstor Kirchner. Una de sus primeras medidas fue ordenar el retiro a las cúpulas militares. Ese año se anularon las leyes de la impunidad. En nuestra provincia, muchos políticos (que todavía no sabían cómo pronunciar el apellido presidencial) cambiaron su discurso. Seguramente los buenos lectores recordarán aquello que Paul Valery opinaba sobre la corrección literaria: se trata, en rigor, de la reforma espiritual de uno mismo. Nuestros hombres públicos ignoraron al poeta francés y, con mucho empeño, buscaron las palabras y los gestos más suntuosos para quedar bien con su nuevo líder. Es decir, se volvieron políticos ornamentales.
      El 24 de Marzo de 2004, la ESMA fue transformada en Museo de la Memoria y fueron retirados, de las paredes del Colegio Militar, los retratos de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, ex directores y también dictadores. Un día antes, en el salón Auditórium que está al comienzo de la calle Independencia, habíamos presentado nuestro libro de memorias Con vida los llevaron. Unos meses después apareció el primer número de la revista Nadie olvida nada; al año siguiente, un video documental que tiene el mismo nombre y, al poco tiempo, otro titulado Retazos de la memoria.
El 2005 el movimiento de Derechos Humanos sufrió un golpe duro: Nélida Fidalgo murió a fines de ese año. En marzo del año siguiente aparecería el último número de la revista que ella había empujado.
En marzo del año pasado, el principal vocero del Partido Justicialista de esta provincia afirmó que “si es necesario, haremos una autocrítica”. Muchos creen –erróneamente, por supuesto– que todas las atrocidades ocurrieron en cualquier lugar menos aquí; que el horror estuvo concentrado en la ESMA o en otro lugar, pero nunca en Jujuy. Por eso no se animan a afirmar que es necesario hacer una autocrítica. Mirar el pasado con coraje implica reconocer que José López Rega, alias “El Brujo”, fue un militante peronista; que la banda parapolicial denominada Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) operaba antes del golpe del 24 de Marzo; y que Avelino Bazán, dos años antes de aquel infausto día ya estaba cuestionado y por esa razón tuvo que renunciar a su cargo en la Dirección Provincial del Trabajo. ¿Acaso es un detalle menor pensar que los integrantes de la Triple A se sumaron a los Grupos de Tareas que detenían, torturaban y arrojaban a los militantes al mar? ¿Acaso es un detalle ínfimo decir que Bazán fue tildado de subversivo y que un compañero senador por Jujuy –que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo– no hizo nada por defenderlo?
El deber de todo aquel que trabaje con ideas es pensar en todo aquello que escapa a la lógica del mercado, la prudencia de las instituciones o el razonamiento fugaz de los medios masivos. Un trabajo intelectual digno consiste en ir en contra de lo políticamente correcto, oponerse a aquello que se cree seguro y examinar las certezas propias con el mismo rigor con el que examinan las ajenas. Pero expresarlo es más fácil que instrumentarlo.

      No es una tarea simple reconocer que uno fue un gilastro; que uno pensó a la tortura desde una lógica binaria: el detenido es un mártir que aguanta todo –incluso la muerte– o es un delator que entrega sus compañeros y su dignidad. La militancia de los setenta, ahora lo sé, no se reduce a un padrón de héroes y entregadores.
      En un momento, mientras investigaba algunos datos de unas detenidas-desaparecidas, tuve indicios –nada más que eso– de que una mujer delató a varias de sus compañeras. Revisé las circunstancias, me concentré durante varias semanas para encontrar pruebas o testimonios definitorios, pero no encontré nada que confirmara aquella suposición. Sí comprendí que, frente a la tortura sin límites, uno no tiene ninguna autoridad para condenar la decisión que tomó la persona torturada. A partir de ahí, sentí que aquella lógica binaria dejaba de tener existencia.
      Ahora, está instalada la idea de que el actual presidente promueve una política de DDHH que produce una ruptura con las ideas instaladas en la sociedad. Eso, con perdón de la investidura presidencial, es una gilada. Lo que el gobierno nacional hace es insistir en una búsqueda que hace rato fue enunciada: memoria, verdad y justicia. Algunas medidas, en especial las realizadas en Buenos Aires, tienen un carácter notable por cierto; pero la política de DDHH que prevalece, desde el 2003, es la de una acentuación contundente de una línea prefigurada, pero no es una política de ruptura. Por otro lado, ¿alguien (re)conoce una medida concreta del gobierno nacional que se aplique en nuestra provincia? Yo, que soy parte interesada, conozco sólo una: el preseminario regional de NOA “A treinta años del golpe” que se desarrolló durante dos días de julio de 2006.
      En estos tiempos, la construcción de ideas es un derecho de todos. Esa tarea, para no pocos de nosotros, es también una obligación. Sospecho que, con distintas variantes, los familiares de los detenidos-desaparecidos, ex presos políticos, periodistas (algunos todavía con cierta vergüenza por un pasado de gil) y poetas de Jujuy, hemos empezado a pagar esa deuda que no deja de crecer. ¿No será necesario, entonces, que otros actores reflexionen sobre aquel pasado que aún se resiste a pasar?

REFERENCIAS

      En esta nota he utilizado referencias absolutas (nombres y apellidos, instituciones) y referencias relativas (senador, diputados nacionales y otros funcionarios) de hombres y mujeres de esta provincia. Este recurso discursivo tiene un objetivo preciso: en el primer caso, busqué resaltar los nombres de aquellos que tuvieron una participación activa en la construcción de la memoria colectiva; en el segundo, reforzar el papel pasivo de algunos actores y que, por esa razón, no consideré necesario escribir sus nombres, aunque no resulta difícil deducirlos. Éstos, no obstante el cargo que detentaron o detentan, recitaron un guión que fue escrito por otros y que –en su interior lo saben bien– es difícil de asumir. Sería más que interesante que ellos reflexionen y se conviertan en sujetos activos de lo que dicen, de lo que asumen y de lo que elaboren. (R.C.).