-La Defensoria del Pueblo como parte del Estado está cumpliendo doscientos años.
-Se cumplieron 200 años de vida constitucional ya sea como ombudsman, defensor del pueblo o procurador de los derechos humanos, Suiza es el primer país en estructurarlo como parte del aparato estatal en el año 1809. Hay antecedentes muy antiguos de la existencia de esta figura, en Atenas eran funcionarios que tenían el deber de proteger al ciudadano de injusticias administrativas o en el Imperio Romano con la Tribuna de la Plebe que controlaba la corrupción o defendía los derechos, contaban con esta figura pero no estaba institucionalizad.

-¿Qué pasa en los países orientales?
-Cada vez hay mayores incorporaciones y como parte del aparato estatal, antes se lo consideraba independiente, está también en China, Taiwán, Angola y casi todos los  países del mundo y no sólo en los  estados, sino como parte de la organización privada en empresas multinacionales como PetroBras, donde la figura del Defensor de los Usuarios les permite controlar el desempeño de sus funcionarios y así evitar costosos juicios; en Argentina tenemos un ejemplo de esto el primer defensor del pueblo, Jorge Mayorano, está en estos momentos como Defensor del Usuario en una empresa de servicios medicinales. Así las empresas garantizan un control interno, es una figura que nace con el sistema democrático y que ya está instalada como mecanismo de control; está próximo a realizarse un foro internacional en Brasil del que voy a participar como expositor y donde también participarán defensores de las empresas privadas.

-Oyente: ¿Qué pasa con el tema del Gasoducto Puna?
-Este tema está planteado desde que yo era presidente de la Comisión de Obras Pública en la Legislatura provincial, en ese momento salió con un presupuesto estimado de  cuatro millones de pesos estaba incluso hecha la gestión con la empresa transportadora, después salio como proyecto Gasoducto Puna para que desde Miraflores llegara hasta la Quiaca donde se preveía una central térmica de gas. Actualmente no es un tema de mi incumbencia ya que como Defensor del Pueblo las decisiones no son imperativas, se trata simplemente de una magistratura de opinión, no podemos definir políticas, de todas maneras comparto la importancia que tiene pero actualmente no se cual es la situación del proyecto.

-La cuestión de las fotomultas aparece cada vez más como una cuestión de “avivados”, sino directamente como una especie de sospechosa trampa. ¿Hace mucho que seguís el tema ¿cómo lo ves hoy?
-Este sistema está creado, pensado e ideado para recaudar. Lo que hay que preguntarse es para quién y la verdad es que lo va a tener que determinar la justicia. Estudios de abogados que utilizan a los municipios chicos por los que pasan rutas nacionales, municipios que indudablemente necesitan recaudar, precisan ingreso de recursos, pero los que se llevan la plata en un orden del 80% de lo recaudado son, como decía antes, empresas o estudios jurídicos de Capital Federal u otras ciudades grandes y, encima, si cobraran las multas a pocos kilómetros, vaya y pase, pero cuando la multa llega varios meses después, es realmente una cosa irracional.

-Sucede en todo el país ¿pero qué pasa en Jujuy?
-Es difícil para nosotros por que no tenemos colaboración de los municipios implicados: Maimará, Calilegua, Pampa Blanca y Volcán. No pudimos dar con el convenio de tercerización del sistema. La función de control por ley nacional es de Gendarmería, que no puede delegar sus facultades, digan lo que digan algunos intendentes. La Defensoría ha declarado que son ilegales y arbitrarias las fotomultas porque lesionan varios principios y  derechos establecidos. Y vamos a seguir con la cuestión hasta llegar a una solución.