Los colegios de gestión privada reclaman una distribución “equitativa” de los recursos que la Nación invertirá en educación. Para explicar esta posición, estuvieron en la radio el doctor Miguel Angel Sotille, abogado especializado en legislación escolar y política educativa, y la docente y diputada (MC) Marta Argul.

      “El sistema educativo oficial sostuvo Sotille- es tanto de gestión pública, estatal o  privada. Hay que superar la dicotomía entre lo público y lo privado en educación. Es un derecho que tienen los padres a agruparse, tener escuela y elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Son dos gestiones del mismo sistema y además hay que evitar la discriminación entre escuelas que son no confesionales y las confesionales. Es decir, que todos formamos parte del sistema educativo oficial y en esto, docentes y alumnos tienen que tener los mismos derechos asegurados. Por eso es que el Financiamiento Educativo que recibirán las provincias argentinas significa en principio una equiparación salarial, a igual trabajo, igual remuneración; que el docente de la gestión estatal cobre exactamente lo que cobra el de la gestión privada, que no haya sueldos en negro.

-De los que hay muchos ...
-Pasa mucho pero también es por la falta de financiamiento y el Estado no puede discriminar entre docentes de primera categoría y docentes de segunda y de tercera en algunas casos, sino que aquí hay que dignificar la función y asegurar el derecho de los padres a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Cuando no hay libertad de enseñanza, se cae en una forma de totalitarismo o de monopolio; no declamado, se corta el financiamiento y nos quedamos sin el derecho a elegir.

-A medida que la gran crisis de los últimos tiempos iba produciendo el deterioro de la escuela pública, surgieron muchos colegios privados, frente a la preocupación de los padres por los paros y la falta de clases, y se ven instituciones que no cumplen con requisitos mínimos ¿Cómo ve ese aspecto?
-Han aparecido los piratas de la educación. Cuando hablo del sistema de gestión publica y privada, me refiero en ambos casos a los colegios con la tradición y la calidad educativa mínima. Hay después los piratas, que el mismo sector debe depurar y el Estado controlar y no permitir de ninguna manera que quedemos mal todos en el sistema de gestión privada por colegios que aparecen manejados sólo con fines de lucro. No avalamos de ninguna manera los pagos en negro, la falta de cumplimiento del currículo oficial. Estamos defendiendo la elección de los padres a una educación de calidad, donde el docente debe ser dignificado y recibir el salario justo que le corresponde. Ahora, si el Estado escatima y discrimina a los colegios de gestión privada y no reparte equitativamente los fondos, evidentemente fomenta el incumplimiento. También hay que dejar en claro que el Estado no administra fondos propios sino públicos.

-Hay instituciones privadas que no tienen ningún auxilio del Estado; otras que siempre lo tuvieron. ¿Cómo se ordena eso de ahora en adelante?
-En principio, con justicia distributiva, que no significa quitarle a unos para darle a otros porque eso sería igualar hacia abajo. El tema es tener reglas claras de acá para el futuro en cuanto a de qué manera se van a repartir los nuevos recursos -estamos hablando de fondos genuinos en una etapa de superávit fiscal- para que los docentes puedan cobrar todos el mismo salario en blanco en cada una de las escuelas.. Y permitir por otro lado a los padres que si quieren elegir una escuela católica, o laica, protestante o judía, lo puedan hacer.

-¿Qué porcentaje de los gastos de un establecimiento privado tradicionalmente es subsidiado por el Estado?
-Le doy algunos datos: promedio país, aproximadamente el 85% del costo de los colegios es el salario docente y solamente un 15% queda para el mantenimiento de los edificios e inversión educativa. ]El aporte estatal, que es un aporte y no un subsidio, era para pagar salario. La ley 13047 del año 1947 preveía aportes para determinados colegios, de acuerdo a la zona de influencia, de acuerdo al monto de la cuota que cobraba y de la población que asistía, que podían ser desde el 40 hasta el 100% de los salarios docentes. Evidentemente, lo que uno plantea es justicia distributiva: no a todos por igual sino que a iguales circunstancias, iguales aportes. A los más necesitados hay que darles más, un principio elemental de justicia social. Redondeando: el padre que paga sus impuestos y que mantiene con ellos el sistema educativo nacional, cuando elige una escuela de gestión privada le libera una vacante al Estado y además con su cuota mantiene parcialmente ese establecimiento. Entonces, en realidad lo que tienen que tener presente las autoridades es que quienes subsidian la educación son los padres, los ciudadanos que pagan sus impuestos, porque si no es como si fuera el Gobierno el dueño del dinero cuando en realidad es dinero ajeno y lo que tienen que hacer es administrarlo con justicia y devolver lo que se recibe en impuestos o lo que se va a recibir con esta ley de Financiamiento Educativo; distribuirlo equitativamente, sin discriminar entre los colegios ni entre los docentes.

-¿Cuál es la situación en Jujuy?
-Argul: hay establecimientos privados de gestión privada y de procedencia católica que reciben la mayoría entre el 80 y el 85% de aporte del Estado y con lo producido de esta actividad más los recursos que reciben del Vaticano, de sus respectivas congregaciones y demás han podido poner en marcha este otro tipo de colegio que se instalan en regiones de alto riesgo para los niños y adolescentes y también reciben por ello el aporte del Estado; el cien por ciento del costo de la planilla salarial, inclusive aportes, está contemplado en el reconocimiento oficial; mientras tanto, hay otros colegios que no reciben nada, y algunos muy poquito y por lo general, los que no reciben nada o muy poco están dentro del grupo de colegios privados cuyos propietarios son particulares. Por allí se dice que los colegios católicos no tienen fines de lucro y sí lo tiene los colegios netamente. Creo que difícilmente quien quiera ganar plata apueste a poner un colegio. Realmente es necesario que el Estado tenga una visón más generosa, más objetiva, más pluralista, para que mire a la gestión privada en su integralidad y trate de hacer una distribución mas equitativa de los recursos, en este momento cuando discutimos cómo aplicar los fondos que vendrán de Nación. Es  trascendente, es importante que se llegue a esta discusión, pero me preocupa la postura muy estrecha del ministro de Gobierno, que al parecer entiende que sería un regalo poner justicia en la distribución de los fondos. Si uno analiza lo que invierte el Estado por alumno en la gestión estatal y lo que se invierte y lo que cuesta por alumno en la privada, se vería cómo bajan los costos en esta última, sin que esto signifique que hay que dejar de lado la gestión estatal porque bajo ningún concepto se puede soslayar la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento de la educación pública.