Al finalizar la jornada de cierre de la Cumbre de los Pueblos Otra América es Posible, con la música de la banda de la CTA-Jujuy de fondo, a pasos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, conversamos con el “Gringo” Farías, del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), sobre la participación del Movimiento de Nacional Campesino Indígena, del que también forma parte la Red Puna,  en los diversos foros de la Cumbre, donde propusieron discutir sobre el agua, la tierra, la educación popular, entre otros temas. Además, habló de Reforma Agraria, desalojos compulsivos y Soberanía Alimentaria.

-¿Cómo ves la participación del Movimiento Nacional Campesino Indígena en los foros de la Cumbre de los Pueblos?
-En este espacio, en la Facultad de Derecho, retomamos los trabajos que venimos haciendo en los diferentes foros, ya que también participamos en la anterior Cumbre de los Pueblos, con la visita de Chávez cuando vino el nefasto de Bush. Lo que hacemos es un trabajo paralelo a lo que estaba propuesto, porque en este foro no se estaba teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el problema del agua, de la tierra, con la Soberanía Alimentaria. Entonces, nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena decidimos organizar este espacio para discutir con los diferentes movimientos que participan y con personas que no pertenecen a ninguno, dónde enfocamos la lucha nuestra, que es por la tenencia de la tierra, el territorio y el agua. No nos quedamos con que queremos un pedazo de tierra. Tenemos un proyecto que venimos discutiendo, ya a nivel internacional, que hemos lanzado con la Vía Campesina, la Campaña Global por la Reforma Agraria. Resulta que lo que tiene más que ver con la provincia o con el país es justamente profundizar el debate: qué es la Reforma Agraria y para quién; hacer este proyecto con organizaciones y personas que aún respeten las temáticas y diferentes visiones que tenemos. Nuestra lucha no está encaminada a una Reforma Agraria como repartija de tierras, sino a una reforma integral, donde está incluida la Soberanía Alimentaria, el derecho a la educación, a la salud, a la comunicación, derecho a elegir cómo vivir, por lo menos tener estas posibilidades que hoy no se tienen, hablando de ley y de Reforma Agraria, como venimos caminando con compañeros de otros países.

-¿Qué significa para el Movimiento la Soberanía Alimentaria?
-Para nosotros, dentro de los movimientos, tiene que ver con lo que podemos producir desde lo orgánico, y desde allí nos planteamos que nosotros somos quienes debemos definir qué comer. A partir de ahí, estamos trabajando con productos como dulces, miel, carnes, encaminando la venta a través de la Red de Comercio Justo, con las organizaciones, para que se pueda comercializar nuestros productos, los orgánicos. También hay una lucha muy fuerte teniendo en cuenta lo que implica el avance del modelo agroexportador, con la soja y el maíz transgénicos, que hacen que nuestra producción decaiga porque no tiene salida en el mercado local. Estamos tratando de profundizar acciones para fortalecer el mercado local y luego, si se puede, ir a lo internacional. Pero justamente, nos ponen muchas trabas cuando se trata de vender nuestra producción orgánica porque no podemos competir en ningún sector de las capitales de las provincias: nuestro producto no sirve porque el SENASA, que verifica y dice que los productos son buenos, si nuestros productos no tienen el sello puesto por ellos, nos los decomisa.

-¿Qué es la Red Comercio Justo?
-Comenzó con el intercambio de productos entre las organizaciones, lo que hizo que se fortalezcan. De allí nació la Red de Comercio Justo en Córdoba, que luego se fue extendiendo a Buenos Aires y otras provincias. A medida que trabajamos y luchamos nos vamos encontrando con diferentes iniciativas en distintos lugares donde estamos armando el Movimiento Nacional Campesino Indígena, con una visión más amplia hacia otro movimiento que sea un movimiento del pueblo. Nuestro camino es tener una mirada y una construcción más amplia, no mirarnos el ombligo. Tratar de una manera u otra, más allá de la base de la diversidad cultural, buscando puntos en común, teniendo en cuenta que para nosotros hubo una invasión cultural que nos llevó a este retroceso de hace 500 años. No nos podemos quedar diciendo que la Pachamama va a salvar la naturaleza; sabemos que es parte de la salvación, pero tenemos que acordarnos de los compañeros que viven en la ciudad, en los pueblos, en las villas. La salvación de la naturaleza, esa Pachamama, tiene que ser una unidad nacional y latinoamericana, que es lo que estamos buscando.

-¿Cómo trabajan hacia adentro del Movimiento Nacional, teniendo en cuenta la diversidad?
-Es muy lindo lo que ha pasado. Actualmente, hacia adentro del Movimiento Nacional somos todas organizaciones de campesinos e indígenas, pero fue en el año 1998 que se armó un espacio de encuentro, llamado la Mesa Nacional. A partir de ahí y del trabajo que se hizo, nos dimos cuenta de que teníamos tantas cosas en común, de que las problemáticas y las respuestas eran tan parecidas, que armamos el Movimiento Nacional. Cada provincia hace su trabajo de base, nos apoyamos entre todos. Las acciones que hacemos a nivel nacional, las hacemos entre todos, a donde vayamos. Acá no está el MOCASE o el Movimiento de Capesinos de Córdoba, esta es una acción del MNCI, con un respaldo muy grande a la problemática que tenemos, enfocando en Córdoba y en otras provincias. Por ejemplo, en Córdoba los problemas que tenemos son el terreno, los desalojos compulsivos, el avance de la soja; a través del MNCI mostramos que los compañeros de Córdoba no están solos. Nuestra lucha es estar juntos y seguir encaminando la formación de cuadros, trabajando desde los niños, con la participación general. La palabra de los campesinos estuvo y está tan excluida. A pesar de eso, hoy podemos pararnos como Movimiento Campesino Indígena, hasta en el lugar de donde somos, en cada provincia, y decir que la palabra del campesino indígena está devuelta: estamos juntos, podemos hablar y expresarnos. Y, ojo, que eso es poder.

- ¿Hay a nivel nacional y provincial respuestas frente a las denuncias del Movimiento por los desalojos compulsivos, que se producen no sólo en Córdoba sino también en otras provincias?
-Hubo respuesta en Córdoba, cuando se hizo una lucha, pero porque estuvimos como MNCI. La otra respuesta de parte del Estado y del gobierno ha sido represión. Pero, por otro lado hay diversos aspectos de este mismo tema, porque la migración del campo a la ciudad es compleja y difícil de contener. Hasta hoy se ha sembrado 17 millones de hectáreas de soja, hace un mes atrás se reunieron todos los sojeros y piensan llegar a 40 millones de hectáreas. La estrategia es tomar el centro del país, el norte y al zona de Cuyo. Vamos a tener mayor migración, mayor despoblación del campo, y consecuentemente, mayor concentración de compañeros y compañeras en los pueblos y ciudades sino seguimos trabajando dentro de las organizaciones. Pero también es cierto que las organizaciones llevan un camino muy grande, es una lucha cuerpo a cuerpo: nosotros o los otros. Creemos que podemos construir desde abajo, como lo venimos haciendo. No somos ansiosos, somo concientes del trabajo orgánico que hacemos.La problemática de la tierra y el agua, de la vivienda, de la palabra nos han unido.También trabajamos con otras organizaciones como el Frente Darío Santillán, luchando por el objetivo de la Reforma Agraria, centrándonos en tierra y territorio, la Soberanía Alimentaria.

-¿Es posible llegar a la Reforma Agraria, penetrar en las políticas públicas para lograrla?
-Creemos que con la participación y con el trabajo de las organizaciones se puede hacer. Para nosotros lo que hacemos es política pública, desde la participación de los diferentes sectores. Pero a la hora de armar un proyecto es complejo, porque nunca fuimos parte de ellos ni de las políticas públicas. De todas maneras, nosotros creemos que desde la organización no sólo podemos hacerlo y sino que también podemos cambiar la realidad que vivimos.

USO SOCIAL DE LA TIERRA Y EL AGUA
  â€œPorque nosotros sin tierra y sin agua no somos”* 

      Las organizaciones que integramos el Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamamos desde hace tiempo una democratización del agua y de la tierra, priorizando su función social. Creemos que el acceso al agua para consumo humano y para la producción es un derecho de todos. Por eso nos aunamos con el reclamo de millones de compatriotas y latinoamericanos que exigen también por ese acceso, actualmente imposibilitado por la concentración privada, ya sea de grandes multinacionales que en las ciudades lucran con su suministro y degradan la vida de muchas familias, como por empresarios inescrupulosos que concentran su uso para actividades productivas y así condenan a la pobreza y al destierro a miles de campesinos.  

  â€œNosotros sin tierra no somos,
  porque vivimos de la producción”
      Nuestras exigencias no son casuales ni antojadizas, sino que están generadas en virtud del modelo de producción agropecuaria impuesto en nuestro país. En los últimos quince años la concentración de la tierra en Argentina ha agravado las profundas desigualdades existentes en el campo. Ocurre entonces que si bien el 82 por ciento de los productores son familias campesinas y trabajadores rurales, ocupan sólo el 13 por ciento de la tierra. La contracara de esta situación muestra que el 4 por ciento de las llamadas “explotaciones agropecuarias” se ha hecho dueña de casi el 65 por ciento de la tierra utilizada para la producción.
      Durante estos años, entonces, el avance de la frontera agropecuaria hacia territorios tradicionalmente utilizados por la producción campesina ha tenido como consecuencia la expulsión sistemática de las familias del campo. Las estimaciones realizadas permiten calcular que más de 200 mil familias fueron desterradas durante la fiebre neoliberal de los noventa, desplazándose a los bordes marginales de las grandes ciudades (el 25 por ciento de su población proviene del interior profundo). Aún a pesar de esta enorme expulsión, la expansión de la pobreza ha sido más contundente en el campo, donde alcanza a un 50 por ciento de los pobladores, que son la mayoría de las familias de nuestros compañeros.
      Este proceso estuvo íntimamente vinculado a la imposición de un sistema de producción basado en el uso de semillas transgénicas y agroquímicos, que ha deteriorado nuestro medio ambiente y generado, además, la eterna dependencia al mercado, la pérdida de biodiversidad y la falta de sistemas sustentables en el campo. Prácticamente a lo largo de todo el país el monocultivo de soja ha destruido enormes superficies de bosques y liquidado otras actividades agropecuarias de valor local como la lechería, la fruticultura y el cultivo de trigo y maíz, todas ellas muy  importantes en los procesos que garantizan alimentos disponibles y baratos para el consumo local y popular.
      En definitiva, el modelo tecnológico de las agronegocios implantado en nuestro país se basa en grandes extensiones de tierras sin gente, desiertos verdes donde empresas semilleras, farmacéuticas y de agrotóxicos encadenan la independencia económica de los agricultores, controlando todos los resortes productivos, desde el suministro de insumos y la compra de productos hasta el manejo del agua, uniformizando calidades y la cultura productiva y convirtiendo al agro en una industria donde no hay comida ni trabajo.
  â€œSin agua no hacemos nada,
  los animales se mueren y las chacras se llenan de monte”
      En el marco de ese proceso de monopolización de la tenencia de la tierra y de avance de la frontera agropecuaria se ha agravado en todo el país el acceso al agua por parte de las familias campesinas -algo similar a lo que ha ocurrido en las grandes ciudades a partir de la privatización de los servicios públicos-. Las reservas de aguas subterráneas son explotadas sin control por grandes estancias y multinacionales para el riego de la agricultura intensiva a gran escala en zonas áridas, donde el recurso es un bien precioso. Los grandes desmontes comprometen gravemente la recarga de los acuíferos y la renovación del recurso.
      Por otra parte nuestras áreas de riego, que concentran un enorme potencial de producción diversificada de alimentos, vienen siendo ocupadas por grandes empresas industriales de empaques de frutas, conservas, olivícolas y vitivinícolas. Esto ha producido la eliminación de enormes reservas de variedades de hortalizas y frutales con gran diversidad y salinizado los suelos, negando el acceso al agua de riego a muchas familias de agricultores y expulsándolas de su tierra.
      Este proceso de concentración del acceso a  la tierra y el agua que ocurre en nuestro país se enmarca además en una reconfiguración de la lucha a nivel planetario por los recursos naturales, donde lo que se discute es quiénes y cómo los van a aprovechar, aún antes que la lucha elemental entre capital y trabajo. Esto ocurre, con distinta envergadura pero igual gravedad, en Irak (por su petróleo) y en Gualeguaychú (por sus cursos de agua), en Bolivia y en el Amazonas y también en muchas regiones de nuestro país por el uso de la tierra y el agua. Los grandes empresarios, avalados implícita o explícitamente por los Estados, quieren poner esos recursos al servicio del enriquecimiento de unos pocos y sin consideración por el futuro de nuestro ambiente. Desde el polo opuesto, las organizaciones campesinas -y muchas otras organizaciones sociales- luchan por una utilización democrática y racional de los recursos naturales que, contemplando la supervivencia personal de sus integrantes, permita una vida digna a todos los que habitamos este suelo, en las ciudades y en el campo. En la medida en que se profundiza la organización popular, aparecen cada vez más conflictos por la utilización de los recursos naturales, porque somos las organizaciones quienes evidenciamos y amplificamos problemas que, de lo contrario, ocurrirían a espaldas de la sociedad. 
  â€œNosotros tenemos derecho
  porque las tierras son nuestras y vivimos en ellas”
      Más allá de esta consideración general, el nudo de los problemas de acceso a la tierra y el agua se hallan en la injusticia del modelo agropecuario impuesto en el país, y no en cuestiones irresueltas de titularización. La tierra no puede ser considerada un bien privado, sino que se nos presta para que vivamos y nos alimentemos. Ha de ser de quien la trabaja y es por eso que planteamos que el acceso a tierra es un derecho fundamental.
      Pero el acceso a la tierra y el vínculo de la tenencia con el uso productivo no son suficientes si no hay una mirada estratégica puesta en la calidad de vida de las familias campesinas. Y es aquí donde el acceso al agua potable y para la producción, el acceso a los servicios de salud y previsión social en el campo, la protección de los derechos laborales de los trabajadores semiasalariados y asalariados, la educación, los caminos, el acceso a la energía y los medios de comunicación, entre otros, conforman una mirada integral y estructural de lo que concebimos como reforma agraria. Ella está entre nuestros sueños, en nuestro diario caminar, pero aún hace falta mucho por hacer, pues sentimos que los discursos no bastan, hacen falta gestos sin ambigüedades, coraje político. El campo argentino precisa de cambios estratégicos, donde un ordenamiento territorial y la democratización del acceso a la tierra y al agua se acompañe del respeto a la vida y la ciudadanía. Mientras tanto seguiremos exigiendo: ¡Tierra, Agua y Justicia!

*Movimiento Nacional Campesino Indígena

      Nuestra provincia no ha sido ajena al proceso general que vivió nuestro país. En el norte cordobés se produjo en los últimos diez años un avance de la agricultura y la ganadería en base a desmontes y se han incorporado más de 2 millones de hectáreas para cereales, oleaginosas y ganadería, disminuyéndose así la cantidad de predios de pequeños productores. Como caso extremo esto ha generado, por ejemplo, que un productor extranjero sea propietario de más del 50 por ciento de la superficie del Departamento Cruz del Eje. Son cada vez más fuertes los intereses económicos que buscan apropiarse de las tierras poseídas por las familias campesinas, a través de toda clase de estafas y abusos (topadoras clandestinas, desalojos violentos, remates fraudulentos, etcétera)
En Córdoba también el acceso al agua es tan injusto como en el resto del país. Las familias campesinas tienen escaso acceso a recursos hídricos, tanto los provenientes de los embalses como los que provienen de perforaciones. Muchas de las perforaciones que fueron realizadas por el Estado ahora están en campos de grandes productores, que se han apropiado de ellas. Por ejemplo, la comunidad de El Chacho - al límite con la provincia de La Rioja- no posee agua, a pesar de que el Estado provincial realizó varias perforaciones allí, pero las familias campesinas deben comprar lejos el agua y trasladarla en camiones. El problema central no es que no existan recursos en el subsuelo, sino que los pozos han sido adueñados por los “nuevos dueños” de los terrenos donde se hicieron.
      Respecto a la distribución del agua proveniente de embalses, en nuestra provincia ocurre, por ejemplo, que el 75 por ciento de las aguas superficiales del Dique “Las Pichanas” -ubicado al en el departamento Cruz del Eje- es utilizada por unos pocos empresarios, de los cuales uno sólo accede al 20 por ciento del agua del dique. El 25 por ciento que no es utilizado por los parceleros se reparte entre 500 familias. De esta manera el agua del Río Pichanas, que nuestros padres y abuelos usaban para producir muchos cultivos bajo riego, actualmente ha sido concentrada por 10 empresarios que la usan y derrochan, debido al programa de colonización generado por el Estado en la década del ochenta y su mala implementación.
  Además en la provincia de Córdoba el nivel de desmonte afectó el balance hídrico de la región, tanto por una alteración en la cantidad perdida de las cuencas -por mayores cultivos- como por la capacidad de almacenamiento de los suelos.