El patrimonio está vinculado con una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto (educación, cultura, turismo, etc), especialmente cuando es o ha sido activado mediante actividades que hacen a su gestión. La gestión del patrimonio (desarrollo actual y previsto) tiene una incidencia de carácter transversal para el conjunto de la población por lo que es necesaria una activa política estatal que genere y articule estrategias y acciones. Desarrollo humano y conservación-gestión del patrimonio no pueden considerarse como términos antagónicos y, en estrecha vinculación con este concepto, más allá de que se puedan encontrar respaldadas por las mejores intenciones y que puedan contribuir a la solución de una problemática puntual, resultan muchas veces de consecuencias negativas la adopción de decisiones unilaterales y concurrentes que implican una intervención sobre distintas porciones del espacio público que no se inscriban en una planificación elaborada en pos de los intereses del conjunto de la sociedad. No importa si estas intervenciones son realizadas por el Estado, una organización social o un particular, la atención de las necesidades de la población, al menos de las básicas, debe estar prevista y atendida en el marco de una planificación general debidamente fundamentada y organizada.
      Por presencia u omisión, los componentes destacados del patrimonio constituyen ejes o núcleos fundamentales para el desarrollo de planes de ordenamiento territorial (incluyendo el urbano). Una adecuada planificación en el uso del patrimonio desde esta perspectiva significa un valioso aporte a favor de la calidad de vida de la población con incidencia favorable en el desarrollo económico, cultural,  educativo y el esparcimiento.
      Muchos elementos destacados del patrimonio cultural como por ejemplo un sitio arqueológico o una construcción histórica y del patrimonio natural, caso de un bosque o un río, poseen una clara existencia física y constituyen elementos preexistentes al actual ordenamiento territorial y, claro está, también en relación a toda planificación a futuro. Los bienes patrimoniales de un territorio poseen un componente de valor intangible para la población que debe ser conocido, preservado y respetado. Por su presencia física inmueble y su importancia social y por consideraciones que tienen que ver con aspectos que hacen a lo tangible e intangible, resulta que este tipo de patrimonio deviene en un punto de partida básico a tener presente en el inicio de todo proyecto o actividad de ordenamiento territorial. A pesar de ello, muchas veces por desconocimiento, quizás debido a la participación excluyente de profesionales de una determinada formación disciplinar, la prevalencia de determinados intereses sectoriales (de determinados grupos profesionales, empresariales o políticos), se comete el error de no tener en cuenta al patrimonio como elemento primordial para todo proceso de ordenamiento territorial lo cual da lugar a importantes e irreversibles pérdidas de oportunidades para la sociedad.
      Se suele limitar la gestión patrimonial a algún elemento de características muy excepcionales o, a lo sumo, se contempla en la planificación la inclusión de algunos edificios históricos relevantes generalmente de propiedad estatal o de alguna institución como, por ejemplo, la iglesia. En la actualidad son objeto de políticas patrimoniales activas la arquitectura de todos los sectores sociales “… el espacio rústico, que ha pasado a ser parte de ese patrimonio social heredado, elemento indisoluble de las áreas urbanas en la constitución y formalización del territorio. Ya no es posible entender el uno sin el otro: se trata de conservar la forma cultural que se configura en la estructura general del asentamiento humano” señala el arquitecto español Castrillo Romon. Este accionar no debe limitarse a un determinado periodo de la historia de los asentamientos humanos (el que tiene que ver con los periodos más recientes de la arquitectura histórica). La gestión del territorio no puede concebirse como la protección de determinadas aéreas urbanas algunos espacios y recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en unas determinadas localizaciones, al margen de los procesos generales de trasformación del resto del territorio. La protección de espacios concretos ha de ser el resultado de una gestión en el conjunto del territorio.
El patrimonio está vinculado estrechamente con lo público, con aquello que es de todos y con el bien común. Las limitaciones al uso racional del territorio desde la perspectiva de los intereses del conjunto de la comunidad reflejan realidades vinculadas a las formas de organización política local, con el grado de relación de equilibrio y conflictos entre lo público y lo privado. Un proyecto de ordenamiento territorial no puede limitarse a planificar la inserción de nuevas construcciones (edificios, servicios públicos, etc) pues ello sólo implica pensar en beneficios económicos inmediatos del sector directamente involucrado en las obras. Las vinculaciones posibles de una comunidad con su territorio (imaginado o real) son de características complejas de la que resultan oportunidades que no pueden ser desperdiciadas. Es necesario pensar el territorio desde los intereses y realidades del conjunto de la sociedad e incorporarlo de forma activa al devenir económico y social. Las consultas a tiempo, el diseño y la concepción interdisciplinaria de la planificación constituyen herramientas insustituibles para la planificación.
      En torno a esta cuestión, Aldo Enrici señala: “… quizás haya que preguntarse cuáles son las implicaciones de este traslado o metáfora de lo público a lo privado porque, en definitiva, lo más preocupante respecto al “asalto a lo público” no es tanto la apropiación personal de lo público (lo cual sería una forma de democratización) sino el vaciamiento y deterioro del espacio social, la desaparición de un conjunto de formas que favorecían la relación social y la vida democrática, y su contracara, el modo en que un conjunto de corporaciones ha ido apropiándose de los espacios sociales y culturales”. 
      Desde otra perspectiva, y en referencia a lo que ocurre en Chile, Guevara González opina que “… el patrimonio no es considerado en la práctica como un bien relevante esencialmente vinculado a su territorio, sino suele vérsele como un objeto valioso que se sitúa en un lugar en el espacio y como tal responde a las señas de una dirección o de una coordenada espacial. Sin embargo, el patrimonio es en esencia mucho más que un mero objeto de valor. Son bienes o sistemas de bienes que la comunidad considera fundamentales para la mantención y pervivencia de su cultura e identidad y que están fuertemente vinculados a la vida de las personas. La acción de “patrimonializar” un elemento es en sí mismo un acto relevante del ordenamiento, puesto que se le está asignando una categoría particular de conservación y/o manejo que impide que se la pueda manipular libremente. Por lo tanto, su conservación es una decisión que debe ser coordinada adecuadamente con otras que confluyen en el mismo territorio”. 
      En la actualidad ya resulta un despropósito pretender que ordenamiento urbano equivale a una sumatoria de proyectos de construcción basados en el uso de cal, arena, cemento,  hierro y asfalto. Tampoco resulta razonable pensar que los espacios que están cubiertos de construcciones con dichos materiales  son vacíos y, por lo tanto, disponibles sin mayor elucubración previa. El ordenamiento urbano no puede ser la sumatoria de intereses individuales o corporativos. Una buena propuesta, bien fundada, con un sustento interdisciplinario, resulta una oportunidad importante para la población.