â€œHay una corporación de políticos que quieren defender la facultad de designar y remover jueces y funcionarios para acomodar al hijo, a la hija, al amigo, para beneficiar al partido y de eso tenemos pruebas concretas. Nosotros queremos evitar ese tipo de corporación y alejar la justicia de la política”, una de las varias concluyentes definiciones que dejó en la radio el presidente del Colegio de Abogados, Mario Mallagray, a propósito de los malhumores que suscitan por estos días los cuestionamientos al sistema judicial argentino y la movida que, empezando por reformar las normas de selección, designación y remoción de jueces, ya es una fuerte corriente de opinión fuera y dentro de los tribunales. La eventual reforma constitucional en Jujuy, en la que según anticipó, los abogados tienen varias cosas para decir; la urticante cuestión de los derechos a un medio ambiente sano en conflicto con la generación de empleo y los problemas de una estructura estatal que, como se ha visto con la crisis del agua en Jujuy, dejan muchas dudas sobre las causas de lo que pasó, completan los temas de una entrevista, definitivamente, sin desperdicio.

      â€œDesde el Colegio hemos asumido una actitud comprometida, no desde lo político pero sí desde lo social, como institución intermedia. Desde al año pasado estamos en esta misma tónica y por dar un ejemplo, para conmemorar los 30 años del Golpe Militar -una fecha que nos deja mucha tristeza- se organizó un mega seminario sobre Derechos Humanos, un tema muy comprometido porque no sólo hemos hecho un panel sobre Memoria, Verdad y Justicia para recordar esos años de plomo, sino también organizamos un panel para mirar hacia el futuro, sobre la independencia del Poder Judicial, para que esos hechos que han ocurrido en el pasado con una correcta actuación de la Justicia, en el futuro no se repitan. También hemos tenido un panel de lujo, donde ha disertado el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, haciendo referencia a los treinta años posteriores al 24 de marzo de 1976, o sea, cómo evolucionó la sociedad argentina desde marzo de 1976 hacia delante, concretamente desde el plano jurídico; una serie de errores legislativos que cometió el país -tal vez apremiado por las circunstancias del momento- hasta llegar a lo que es la visión del problema hoy, donde la Corte ha decretado la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hay una ley del Congreso Nacional también y se está abriendo en la justicia una brecha que nos puede llevar a la solución final del problema con el juzgamiento de él o los presuntos responsables. Y el tema de los indultos está en reconsideración, por el momento.

-¿Produjeron interés en la matricula todos estos eventos?
-Muchísimo interés. Tan es así que el Salón de la UCSE, que es muy grande, estaba totalmente desbordado y tuvimos gran aceptación también por parte de los medios. Realmente la calidad de los disertantes ameritaba con creces el éxito que hemos tenido, porque han venido consejeros de la Magistratura de la Nación para abordar la temática de la nueva ley de la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, el ya mencionado subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, un procurador general de la Nación, especialistas en Derecho Ambiental de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hemos traído unos diez disertantes de primerísimo nivel.

-Una oyente pide tu opinión sobre las livianas sentencias que se les suele dar a quienes matan gente por exceso de velocidad o por no respetar las normas de tránsito.
-Tengo sobre eso una visión muy particular: para mí no hay diferencia alguna entre quien mata con un automóvil y quien mata con un revólver. Es una opinión que no la comparte la mayoría de la Doctrina Penal. Para mí este tipo de eventos, corriendo carreras o haciendo picadas, alguien que atropella a una persona y todavía comete el delito de abandono de persona, tiene que tener al menos la pena de un dolo virtual, como mínimo ocho años de prisión. La mayoría de la Doctrina Penalista se inclina por considerar estos casos como si fueran homicidio culposo, lo que no comparto y que espero que cambie la forma en qué se encara el tema.

-¿Habría que cambiar la legislación?
-Es probable. O tal vez, dentro de las leyes existentes, habrá que ser más riguroso porque hay algunos jueces que se están inclinando por esta opinión que es, en estos momentos absolutamente minoritaria, pero de todas maneras se está abriendo un carril para endurecer las penas dentro del sistema penal actual.

-¿Qué se trató en materia de Derecho Ambiental?
-Dentro del seminario que hicimos sobre Derechos Humanos, se trató un caso relacionado con el Derecho Ambiental en la Provincia de Jujuy, que es el de la Empresa Ledesma. La bagazosis que produce, como su nombre lo indica, el tratamiento del bagazo. Al margen de que en una primera instancia un amparo ambiental que ha promovido una organización no gubernamental no ha prosperado, es bueno -yo diría que es excelente- instalar el tema en la sociedad para que se tome conciencia de la importancia del Derecho Ambiental y que nosotros, como ciudadanos y no solamente como abogados de las víctimas, exijamos que ese daño ambiental sea el menor posible y que el Estado exija el cumplimiento de las normativas vigentes del ministerio de Salud de la Nación relacionadas con los procesos de producción o fabricación.

-Considerando la defensa de lo ambiental de pronto un político o un funcionario dice: pero tampoco le podemos poner muchos reparos porque hay tanto desempleo y la empresa X está dando trabajo...
-Es un argumento muy malo. Muchos sostienen que es un lujo que solamente se dan los países ricos, esto de respetar el derecho ambiental o tal vez que los países ricos hacen procesos industriales en países pobres como los nuestros, que las normativas medioambientales no les permiten en sus propios países. Nosotros debemos hacer respetar el Medio Ambiente porque está bien; somos pobre y necesitamos inversiones, pero tampoco debemos tomar cualquier cosa, porque hay procesos industriales que son terriblemente insalubres, muy dañinos para el cuerpo humano, productores de enfermedades como el cáncer y de otras de las más terribles.

-Desde el Derecho Ambiental, ¿cómo ves el conflicto por las papeleras que nos enfrenta con Uruguay?
-Mi visión como ciudadano común es que por un lado, no estamos hablando de fábricas productoras de papel, sino de pasteras, o sea fábricas que producen pasta de celulosa, que es la parte más nociva y dañina del proceso industrial del papel. En Europa no elaboran la pasta de celulosa, la mandan a producir en Sudamérica. En Europa, se hace pasta de celulosa en Galicia pero la ya tratada se vende en Alemania, donde se produce el papel. Se ve claramente como también allá hay países y regiones de primera y hay países y regiones de segunda. Entonces, este tipo de emprendimientos productivos se dan en regiones muy necesitadas de inversiones y también donde por esa misma razón los requerimientos de empleo y la pobreza son tan grandes, hacen como se dice la vista gorda sobre estas cuestiones. Ahora, realmente es curioso que si nuestro presidente le ha ofrecido al presidente uruguayo hacerse cargo de la nómina salarial de los empleados de la empresa Botnia, de manera que las personas que trabajan no sufrirían daño económico alguno, mientras se hiciera un estudio de impacto ambiental, suena sospechoso, que no se quiera hacer ese estudio. Ellos sostienen que van a aplicar la mejor tecnología y que es la que se aplica en la Unión Europea ahora, lo que no se le dice a la gente es que en el proceso de blanqueo de la pasta celulósica, se usa cloro, que siempre es muy dañino.

-¿Qué hará Argentina con todas las fábricas de celulosa que hay en distintos lugares?
-Hay normas aprobadas por el ministerio de Salud de la Nación, de blanqueo de la pasta celulósica. Lo que tiene que hacer el Estado es que el método aprobado por la Nación Argentina, como mínimo, se cumpla. El Estado tiene la obligación de verificar cada planta, llámese Alto Paraná, Ledesma, Celulosa de Jujuy, Celulosa de Argentina o en cualquier otra..

-Entre tantas cosas que se han dicho, es que lo que pasó con el tema del agua en Jujuy fue que Vialidad no realizó la inspección de obra que debía hacer cuando se terminó la Multitrocha. Desde la visión del Derecho ¿cómo se recupera la estructura del Estado, ésta muy frágil y muy poco creíble estructura?
-Con más derecho, con el funcionamiento del estado de derecho y de las instituciones; en este caso concreto, si algún funcionario incumplió los deberes a su cargo, llevándolo a la Justicia y que esta actúe y sancione a quien corresponda y ejerza las medidas ejemplificadoras del caso. Si el Estado erró, no previno, si omitió, si se excedió, la Justicia como organismo de contralor de los otros dos poderes, tendrá que poner los reparos que correspondan. O sea que esto no se soluciona sino con más medicina de la misma que tenemos.

-El Colegio de Abogados ¿fue ya consultado por el Gobierno, la Legislatura, los partidos políticos respecto de aquellos puntos donde debería opinar sobre una eventual reforma de la Constitución?
-Si, consultas hemos tenido en una multiplicidad de oportunidades. Institucionalmente, el señor gobernador nos mandó una carta de respuesta a un proyecto de reforma del sistema de selección de funcionarios y magistrados del Poder Judicial en la que nos dice que es inviable porque para reformar el sistema de selección, es necesaria la reforma de la Constitución, opinión que no compartimos de modo alguno.

-¿Por qué?
- Porque hay un montón de provincias que han creado organismos de selección, como consejos asesores o consejos de la magistratura, a través de una ley provincial. Pero nosotros como Colegio no nos vamos a meter a opinar sobre una cuestión de oportunidad. O sea, nosotros no vamos a decir si ya, en este instante, es necesaria una reforma constitucional, sin perjuicio que destacamos que muchas cosas deben cambiar, lógicamente ningún texto puede ser pétreo para toda la vida, pero no nos vamos a expedir sobre la cuestión de la oportunidad porque si  lo hacemos por una hipótesis van a decir los otros que estamos a favor del Gobierno, y si nos expedimos por la otra, van a decir que estamos en contra. Lo que decimos es que si nuestros legisladores sancionan la ley declarando la necesidad de la reforma, y los puntos que van a ser objeto de la misma, vamos a opinar, ahí sí, después de que la ley esté sancionada. Mientras tanto, no.

-Sería importante, si se convoca a la Asamblea Constituyente, que el Colegio haga sus aportes.
-Desde ya que en ese caso puntual, después que se sanci0one esa ley, vamos a opinar principalmente sobre el capitulo del Poder Judicial. Obviamente también sobre otras cuestiones pero fundamentalmente sobre el capitulo del Poder Judicial donde tenemos algunas ideas que podrán ser compartidas o no por nuestros eventuales constituyentes, pero nosotros como Colegio tenemos la obligación de escuchar y de hacernos escuchar.

-¿Cómo avanza esta movida de la Federación Argentina de Colegios de Abogados respecto a mejorar el funcionamiento de la Justicia en todo el país?
-Es un hecho muy trascendental que los organismos federados que nuclean a abogados de la matrícula y a jueces hayan hecho un acuerdo y que traten de impulsar objetivos institucionales, comunes a ambas entidades. Esos objetivos son la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, fundamentalmente.

-¿Cómo se logra esto?
-Tratando de impulsar en todas las jurisdicciones provinciales organismos de selección, designación y remoción de jueces y magistrados y que en esos organismos tengan participación ambos sectores y estén totalmente alejados de cualquier tinte de naturaleza política. Es esencial para garantizar la independencia del Poder Judicial. Queremos jueces y magistrados hacia el futuro y no cada cuatro años o jueces y magistrados teñidos o señalados de alguna vinculación política con el poder de turno. Jueces que sean inamovibles en su función, salvo las causales de remoción que establezca la ley especifica de enjuiciamiento, y no que tengan acuerdos cada cuatro años y que dependa del gobierno circunstancial que le den el acuerdo o que no le den el acuerdo,. Es fundamental para la independencia del Poder Judicial que el organismo de selección y remoción no tenga ninguna vinculación de tinte político.

-¿Se podrá avanzar significativamente? ¿Las corporaciones lo permitirán?
-A nosotros nos atacan diciendo que defendemos intereses corporativos no sé de quién, pero eso nos dicen. Ahora, sí yo puedo decir que hay una corporación de políticos que quieren defender la facultad de designar y remover jueces y funcionarios para acomodar al hijo, a la hija, al amigo, para beneficiar al partido, etc. y de eso tenemos pruebas concretas. Queremos evitar ese tipo de corporación y alejar a la Justicia de la política. Es como dice el dicho: cuando la política entra por la puerta de los Tribunales, la Justicia sale por la ventana. Y eso es totalmente cierto. Para que nosotros podamos tener una justicia independiente, tenemos que tener jueces probos, jueces preparados, jueces imparciales y para lograr la imparcialidad de los jueces, ellos no pueden depender del circunstancial resultado electoral que tenga cada cuatro años el partido de turno.