La ANSES, producto de la formalización del empleo (2.400.000 nuevos puestos de trabajo 2003/2007), los ajustes salariales producidos en el mismo período y la posibilidad del traspaso desde las AFJP al Estado, produjo un incremento en la recaudación en valores relativos, muy superior a los obtenidos por los Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, Bienes Personales e incluso Débitos y Créditos Bancarios, mal llamado impuesto al cheque.
En contrapartida aumentaron el número de jubilados por medio del sistema instaurado por Ley 25.994, que en Jujuy favoreció a casi 8.000 personas. A nivel nacional se estima en más de 1.000.000 las nuevas prestaciones, que nos convierte en el país de Sudamérica con mayor cobertura a la vejez. Se estima que en la Argentina la seguridad social hacia los ancianos ha permitido llegar con jubilación a cerca del 80% de ellos, cuando en el resto de los países se encuentran en alrededor del 60%.
La crítica a esta medida fue y es, que se favoreció a quienes nunca realizaron aportes, en contraposición de los que aportaron toda la vida y hoy se encuentran a la espera de la actualización. En honor a la verdad, muchos no registran depósitos porque sus empleadores se quedaron con sus aportes personales.
El principal problema que tendrá que atender el Estado Nacional (ANSES) es la movilidad a partir de enero de 2009, que criteriosamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación le exige al Poder Ejecutivo a través del hoy famoso caso “Badaro, Adolfo Valentín” del 26/11/2007.
Cabe recordar que en épocas de crisis mediante el Pacto Fiscal I (1992) se detrajo de la coparticipación de las provincias el 15 %, con el argumento de que las provincias debían hacerse cargo de pagar una parte de los beneficios jubilatorios.
Hoy, las arcas del organismo nacional son superavitarias, sin dejar de pensar lo que viene cuando el Poder Legislativo decida como actualizar las jubilaciones para el próximo ejercicio, que conforme a la Corte, y que le permita al Poder Ejecutivo cumplir.
Pero la realidad a la fecha es que ANSES financia al Gobierno Central con el superávit y en la mayoría de los casos lo hace a tasas del 4% anual, cuando las provincias no conseguirían financiamiento ni a tasas tres o cuatro veces mayor.
Hasta hoy, de los variados problemas que tiene el país, el mas importante es el Federalismo.
Como aporte a mejorar las economías regionales, dándole un fuerte apoyo al sector privado, sería recomendable, volver a la Reducción de Contribuciones Patronales por Zona implantado por el Decreto Nº 2.609/93, que tuvo vigencia desde el 1º de enero de 1.994 hasta el 1º de julio de 2.001; dicha norma otorgaba la reducción de la contribución patronal para Jujuy del 70% para Capital y del 75% para el Interior. Esta vez debería tenerse en cuenta la magnitud de las empresas, para beneficiar más a las pequeñas y medianas.
Esta propuesta se sustenta en el costo, ya que en la región central no hay reducción Adviértase que según un reciente informe del Centro de Estudios Socioprevicionales (CESPRE), confirma que el 54,70% del trabajo privado del país se encuentra en la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma. La reducción del porcentaje es progresiva a medida que nos alejamos de ese centro.
Volver a esa medida -que por supuesto afecta a las arcas de ANSES- daría un respiro al empresariado del interior, fundamentalmente a los más alejados, y produciría un verdadero efecto redistributivo sobre las zonas mas castigadas de la nación. Convengamos que la Argentina es un país desigual.
Esto, para el estado nacional significa ceder recaudación hoy, tomando una decisión de verdadero federalismo, pero para producir la tan mentada redistribución del ingreso a favor del los hoy más necesitados (economías regionales). De esta manera se encararían las desigualdades tan profundas de nuestro país y a la par fomentaría la formalidad del empleo en el interior, que se incrementa a niveles muy inferiores a la región central. Pero en el futuro producto de la formalidad se traduciría en una mejora de la recaudación.
En este aspecto, para fomentar el empleo, el Ejecutivo Provincial remitió a la Legislatura un proyecto donde la provincia otorga un crédito fiscal del 20 al 30%, a favor de quienes formalicen a sus asalariados. Para ello se deben cumplir los requisitos que establece el proyecto. Aquí el fisco provincial no tiene nada que recuperar, sólo tiene por objetivo el bienestar de los futuros blanqueados, por así decirlo.
Para concluir con la famosa frase, que no siempre es cierta, “lo viejo fue mejor”, entiendo que aunque existen pocas posibilidades de restablecer a nivel nacional el Decreto Nº 2.609/93 es bueno socializar el tema, plantearlo, discutirlo. Si no es esta la medida mas adecuada, que se haga algo parecido, que tenga el mismo efecto.
