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Entrevista a Elizabeth Eisemberg

El caso del Yacoraite

      Hace casi un mes la comunidad indígena de la meseta del Yacoraite fue sorprendida por las vallas que encerraron la zona de pastoreo y un cartel con la leyenda “Prohibido el Paso. Propiedad Privada”, acciones concretadas por un presunto comprador de las tierras. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, proporcionó inmediatamente una asesoría jurídica para respaldar los derechos ancestrales de los habitantes de la zona que, a partir de la nominación por la UNESCO de la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad, se convierte en un escenario privilegiado para emprendimientos turísticos por sus características de “mirador”. 

 

      Analizando el sonado caso de la comunidad aborigen de Yacoraite, víctima de un intento compulsivo y al parecer ilegal de desalojo, la secretaria de Derechos Humanos, Elizabeth Eisemberg, afirmó que “nadie se opone al progreso pero hay que hacerlo dentro del marco legal, respetando aquellos derechos que tiene la gente oriunda del lugar”. Aclaró en la radio que “no existe una escritura pública traslativa de dominio. Esa tierra está siendo poseída desde hace muchos años por comunidades aborígenes que se dedican al pastoreo e inclusive, a través del INAI presentaron proyectos, se van a iniciar obras y están invirtiendo para mejorar el tema del agua. Por otro lado, hay arqueólogos trabajando en la zona porque allí se encuentra el Antigal de Los Amarillos, que según los expertos podría ser más importante aún que el Pucará de Tilcara. Esta persona, atropellando, pretendió entrar con maquinarias a ocupar tierras en las que, desde hace muchísimos años viven, siembran y tienen animales comunidades aborígenes”; y aunque  cuente con algún título de propiedad, para Eisemberg, muy posiblemente se esté también frente a un delito penal “porque es lo mismo que sucede, con alguna frecuencia, con casas del FONAVI: yo puedo ser dueña de esa casa pero si se meten intrusos, no puedo hacer justicia por mano propia, debo recurrir a la justicia, realizar la denuncia y verá el juez si es procedente o no el desalojo de la gente”.
      â€œEn este caso en particular, lo que llama la atención -añadió- es que hay un poder especial dado en Buenos Aires y un boleto de compra venta donde la cláusula segunda aclara perfectamente que la señora que vende no es dueña, sino que tendría derecho a derechos de acciones de un porcentual de lo que sería una herencia o una parte proporcional de lo que era la sociedad en comandita por acciones del Monterrey que se encuentra en liquidación”. Tras aclarar que la Policía de la Provincia no tuvo ninguna participación en los hechos, señaló que de todas maneras, “advertí que acá podemos estar frente a un delito de usurpación”.
      â€œLa gente -resaltó- debe entender que hay un convenio internacional, el 169, por el que por primera vez se le está reconociendo a descendientes de los aborígenes derechos sobre la tierra que legítimamente les corresponde por el Derecho Consuetudinario”, agregando que además en el caso de Yacoraite, “hasta ahora, nadie los había molestado; pero aparecen todos estos personajes que, con motivo de la declaración de Patrimonio de la Humanidad y el lógico revalúo inmobiliario, pretenden imponer cuestiones de compra-venta que, al menos por lo que he visto en este caso, no son tales. El tema pasa por respetar el Convenio; nadie se opone a la inversión en Jujuy pero tampoco que vengan a esta altura a venderle espejitos a la gente, a apoderarse de lo que no es de ellos o a reclamar por tierras que tuvieron abandonadas por muchísimos años. Si este señor es realmente un comprador legítimo, pues que vaya a la Justicia y que sea ella la que le diga si le corresponden las tierras y hay que desalojar a los aborígenes”. Además del Convenio citado -dijo Eisemberg- “existe la ley nacional 23302 que establece el derecho a adjudicar las tierras de las comunidades que tengan personería jurídica y que hayan demostrado el vínculo ancestral existente, para evitar también que cualquiera venga, arme una comunidad y exija que se le otorguen tierras”. “La secretaría -añadió- se presenta y hace un análisis exhaustivo de cada una de las situaciones”.






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