La falta de cumplimiento, por parte del Ministerio de Bienestar Social, de la Ley 5107 de Prevención de la Violencia Familiar motivó la sustanciación de un recurso de amparo, sobre el que habla en esta entrevista en la radio la diputada radical Ada Galfré. Preocupada por la demora en implementarse la norma en tanto aumentan las muertes por esta causa, la legisladora se hace una pregunta inquietante: “¿cómo le podemos pedir a la ciudadanía que sea respetuosa de la ley y de la Justicia si el propio Estado ejecutor no la cumple?”.

      Respondiendo a la pregunta de una oyente respecto a por qué no se realizan campañas de prevención de la violencia familiar, la diputada Galfré sostuvo que todo tiene que ver con la no implementación de la Ley 5107 de Protección Integral que “debería ser la que ejecutara las políticas preventivas y asistenciales. La ley no se implementó creo que por falta de decisión política porque durante dos años estuvo reglamentada específicamente presupuestada, de todos modos el año pasado hemos presentado desde el bloque de la UCR –acompañado de un caso testigo y de una asociación que trabaja en el tema- un amparo porque ya habían pasado, desde el ‘98 a esa fecha, demasiadas muertes en el medio y demasiados casos que se podrían haber evitado por no tener implementada la ley”.
      â€œEl Juzgado en lo Contencioso y Administrativo –añadió- nos dio fallo favorable e intimó al Poder Ejecutivo a que implemente la ley en su totalidad en el término de 60 días que vencieron en febrero. Pasado ese término, el Ministerio convocó a la Comisión Provincial de Violencia, creada por ley y que es la que define justamente estas políticas de acción tanto preventivas como asistenciales, dice cómo se va a trabajar y está integrada por distintos sectores de la comunidad y del gobierno, comenzó a trabajar pero no constituyeron los centros de atención en cada municipio, cabeza de departamento, que es lo más importante y lo que la gente reclama, es decir adónde voy cuando necesite ser contenido y recibir tratamiento.

-Otra oyente dice que a veces la policía desestima las denuncias por violencia ¿qué hay que hacer en esos casos?
-Así es. Deben exigir que sea tomada la denuncia y no se la convenza para que sea una exposición. Y tienen derecho como ciudadanas de que sea tomada la denuncia y además si tienen golpes, intervenga el médico forense para que tome constancia de que ha sido golpeada físicamente. Insistimos que la violencia no es solamente física, también es el abuso sexual aunque sea dentro del mismo matrimonio y como también lo es la violencia psicológica. Lo cierto es que frente al incumplimiento de la sentencia del Poder Judicial hemos presentado una ejecución de sentencia y el Juzgado desconoció como cumplimiento de la sentencia que hayan abierto solamente la comisión provincial, tomando nuestra respuesta de que realmente lo que importaban también eran los centros y sancionó al Poder Ejecutivo con una multa diaria.

-¿Y cómo sigue esto?
-Sigue que el Poder Ejecutivo tiene que abrir los centros. No tiene impedimentos para hacerlo porque al personal interdisciplinario lo tiene en todos los municipios cabeza de departamento y hospitales con los equipos técnicos hay en toda la administración pública; hay residencias hasta de sicología. El FONAVI por ley tiene que darles una vivienda para que ese centro funcione. Realmente hay viviendas sin ocupar en todos los municipios cabeza de departamento y la prevención en los centros civiles, en las escuelas, cosa que nosotros desde la asociación civil estamos haciendo desde hace más de quince años.

-¿Cuánto es lo que tiene que pagar el gobierno?
-No lo especifican en la respuesta pero es alrededor de 50 pesos por día y cuando no cumplen en siete días se va incrementando. Pero aquí no importa la plata. En realidad esta es una cuestión simbólica que seguramente se operará desde el Superior Tribunal para que quede sin efecto. Acá lo que importa es el mensaje peligroso que se está transmitiendo con este incumplimiento. En primer lugar, en un estado de derecho donde los tres poderes tienen que armonizar y trabajar coordinadamente, la Legislatura se hace cargo del problema y legisla; el Ejecutivo no cumple la ley; la Justicia sanciona y el Ejecutivo desconoce la ley y el fallo de la Justicia. Eso, a lo que sería trasmitido en una casa, es lo mismo que violencia. No hablamos de violencia familiar, hablamos de una violencia institucional hacia el pueblo. Cómo le podemos pedir a la ciudadanía que sea respetuosa de la ley y de la justicia si el propio Estado ejecutor no la cumple.

-Es como que no se toma en serio el tema....
-Lo que nos dicen los oyentes de la atención de la Policía, es verdad. Quiero aclarar que cuando hicimos la ley, la gente de la Policía intervino y también estuvieron de acuerdo y también sabían que tenían que hacer una capacitación interna. En primer lugar, no pueden negarse a tomar una denuncia a nadie. En segundo lugar, le transmiten una información desacertada: mirá que si ponés denuncia no te va a dar plata para que cocines, para que le des a los chicos. Nada que ver porque la misma justicia que actúa con juicio sumarísimo y absolutamente gratuito en todo – no cuesta plata alguna el proceso porque la ley así lo establece- se encarga de que si el agresor tiene trabajo, pase la cuota alimentaria y si no lo tiene, sea el Estado el que sostenga a ese grupo familiar.

-Ahora hay que pensar que habrá funcionarios golpeadores, legisladores golpeadores. Entonces cuando les llega el tema es como que tienen que bloquearse totalmente.
-No sé si catalogarlo en rubros, en profesiones o en estamentos pero sí puedo asegurar que la violencia no tiene fronteras, no tiene edades, clases sociales ni mira los días feriados por eso es importante que los centros estén abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año con una guardia permanente. Pero la violencia, como era intramuros, no se veía; la víctima tiene vergüenza de decir que ha sido golpeada, es una cosa que no trascendía el umbral de la puerta de casa. Por eso es que no se lo toma en cuenta, después las mujeres retiran las denuncias, es cierto. Pero también es cierto que dentro del proceso de violencia no se resuelven las cosas tan fácilmente. Viene la crisis, viene el hecho de violencia, viene el periodo de perdón, la reconciliación, el noviazgo, la luna de miel y vuelta otra vez. Es un círculo vicioso realmente, justamente por eso la ley lo que establece es que tanto la víctima directa como la víctima indirecta -el niño que vio la escena- puedan recibir el apoyo psicológico y también el victimario. Y al victimario se le exige y si no cumple tiene una penalidad sumada a la que ya tiene que es trabajos comunitarios porque es resguardarle la salud para que no incurra nuevamente en estos hechos”.