En esta entrevista, Blanca Juárez, presidenta del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, y Alicia Chalabe, de CODELCO, asociación de Defensa del Consumidor, hablaron de la inflación y los consumidores en el programa Contra Tres de Radio Universidad (conducido por Enrique Gebauer, Gustavo Miranda y Ari Tabera), en el actual contexto de un piso inflacionario de entre un 18 y un 20%, con la pérdida de la capacidad adquisitiva que esto implica y los reclamos por reajustes salariales en Jujuy.

Juárez. Chalabe.

-¿Cuál es la definición de inflación y qué pasa con la economía, más allá de la sensación en el bolsillo que tenemos los consumidores?
-Juárez: Se denomina inflación al aumento del nivel general de precios y de costos de los bienes, ya sean de consumo o de servicio. En este caso particular, dentro de la bibliografía que se estudia en la cuestión técnica cuando se respaldan los Informes de Coyuntura (que realiza mensualmente el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas) nos remitimos a Samuelson, economista Premio Nobel, que clasifica la inflación en tres: moderada, cuando está por debajo de un dígito; galopante, cuando supera el dígito, es decir a partir de un diez por ciento; y en hiperinflación, cuando son más de tres dígitos. La gente se asusta al decir galopante pero es el término que cabe a la inflación que estamos viviendo y que se espera que para el 2010 supere el 18%. De todas maneras, es un término que comúnmente la ciudadanía utiliza en situaciones que considera muy extremas y tal vez también tenga que ver con que los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir  con inflación. Hemos tenido algunos años atrás hasta hiperinflación y sabemos salir de estas situaciones coyunturales y difíciles. A estos dígitos actuales de un 18 o 20% los tomamos todavía con alguna esperanza de que las cosas puedan llegar a cambiar. Hay dos teorías que manejan el tema de la inflación que son la monetarista, que habla de un desequilibrio en la base monetaria de la estructura de un país, en el manejo de precios, costos y cantidad de bienes a los que uno puede acceder con determinada cantidad de dinero. La consecuencia de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero porque yo tengo un valor nominal y un valor real de ese circulante: el valor nominal, supongamos es 1000 pesos, en términos reales 1000 pesos hace tres meses atrás le permitían adquirir una determinada cantidad de bienes y hoy esa cantidad es mucho menor. Incluso en la inflación se da un fenómeno con los precios relativos, es decir, el precio de un mismo bien varía de un periodo a otro, aunque no todos fluctúan en la misma proporción. Esto quiere decir que yo puedo tener bienes que hacen a la canasta familiar que no van a tener la misma variabilidad en los precios que, por ejemplo, los que corresponden a la industria automotriz. La otra teoría es la estructuralista, que habla de la falla de estructuras dentro de la conformación económica del país. Se refiere a la existencia de monopolios que son los formadores de precios y manejan el mercado los latifundios, la renta agraria y por último el nivel de endeudamiento que puede tener un país; variables que muchas veces están excediendo al manejo interno sobre todo en el caso de la deuda externa, que son cuestiones macroeconómicas y que normalmente se manejan a niveles internacionales. En la teoría monetarista así como se plantea el problema también se plantea la solución, porque la manera de tratar de ajustar el fenómeno inflacionario es a partir de una restricción del dinero o de un dinero caro, que es aquel que se muestra cuando tratamos de acceder a créditos, préstamos y suben las tasas de interés; y por otro lado también tratan de controlarlo cuando el propio estado busca tener presupuestos equilibrados, es decir idénticos ingresos que gastos, evitando que se genere un gran movimiento de dinero por la obra pública, por las prestaciones de servicios como salud, educación; se trata de mantener ese equilibrio presupuestario y no ser generador de la propia inflación. Esta situación se va a ver complicada en las finanzas públicas provinciales porque desde el vamos arrancamos el 2010 con un presupuesto que reconoce un déficit fiscal de 290 millones que necesitarían financiamiento. Es decir, el equilibrio del presupuesto de la provincia va a estar dado justamente por una ayuda que tendrá que ser un préstamo o una asistencia financiera de la nación como se ha dado durante el año 2009. 

-Desde el punto de vista de los consumidores, ¿cómo analiza CODELCO esta inflación, teniendo en cuenta que es también una cuestión que ya viene dándose en los últimos años?
-Chalabe: Todas las organizaciones están trabajando en este tema, especialmente una que tiene participación activa y que está presidida por Héctor Polino (ex diputado nacional, socialista) que es la que planteó un boicot a la carne. El tema de los consumidores es que estamos en el último eslabón de la cadena. Desde que se produce el bien hasta que llega al consumidor pasa por una serie de intermediarios y el más débil es el consumidor por eso existe la ley de Defensa del Consumidor, para beneficiarlo. Cuando suben los precios muchos se quejan y se preguntan qué hacen por nosotros tanto el estado, a través de la aplicación de la ley, como las asociaciones de defensa del consumidor. La verdad es que es muy poco, porque no incidimos ni influimos en la formación de los precios, y esto es lo que manifiesta Polino. Si hubiera un ejercicio más activo de la queja y de lo que se denomina boicot, que a nivel internacional es muy conocido, la cosa podría cambiar un poco. Por ejemplo, en Estados Unidos las asociaciones de consumidores usan el boicot para frenar subas de precios. En Argentina, lanzaron ese boicot al precio de la carne diciendo que durante siete días no se comprara y obtuvieron un éxito en Capital Federal al bajar sustancialmente los precios en las carnicerías. Esto es muy difícil porque es la única incidencia que podemos tener sobre el nivel de los precios. La ley defiende y protege una serie de circunstancias como que los precios estén expuestos, que el precio que figura sea el que a uno le cobran, pero la pregunta es: en relación a qué precio se cobra en Argentina, porque no rigen precios máximos ni mínimos y el consumidor tiene poca incidencia. No pasa así en las tarifas de servicios públicos, donde sí existe toda una serie de reglas que establecen cuál es la tarifa justa y razonable que un prestador puede cobrar. 

-¿Qué diferencia hay en este último Informe de Coyuntura que realizó el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas con el anterior? ¿Qué se vislumbra para marzo?
-Juárez: En el informe hicimos referencia a la inflación –que fue lo que más llamó la atención- e hicimos notar que justamente el aumento que se estaba dando en el precio de la carne iba a afectar al resto de los componentes de la canasta familiar, y, por supuesto, esto también viene de la mano de un desconocimiento o de un no querer reconocer el verdadero índice que existe a nivel nacional, ya que se siguen manipulando los números por parte del INDEC. A diferencia de lo que pasa en la provincia, donde la Dirección  Provincial de Estadísticas y Censos ha mostrado un índice en el mes de diciembre del 3,3%, en enero y febrero también estuvimos en entre un 2 y un 3%, o sea que es una constante. En tanto que ellos para diciembre muestran un 0,9, es decir que la diferencia -y por lo tanto la distorsión que se da con la consecuente confusión- es muy grande. Es sabido que cuando se está en periodo de inflación inclusive al mismo sector empresario le cuesta tomar decisiones y se da una forzada especulación, es decir no se cumple con reglas claras de libre comercio, donde la oferta y la demanda habitualmente regulan en un mercado transparente esta situación y generan escenarios en los que la especulación y el desconcierto de la gente juega hasta en contra de la determinación, muchas veces, de los precios, porque la gente trata de acaparar bienes ya que se da cuenta de que el dinero le rinde cada vez menos. 

-A la vez, al pequeño comerciante le suben los precios de los insumos y los impuestos, además debe aumentar los sueldos, pero por otro lado ¿cuánto se puede aumentar para que la gente no deje de consumir?
-Juárez: Es una situación complicada, máxime cuando las Pymes que son las que más tenemos en nuestra provincia o en la región, no son formadoras de precios, que vienen impuestos por los grandes productores o distribuidores, entonces tienen pocas posibilidades de incidir o establecer precios desde esta escala comercial. Obviamente, las reglas claras tienen que partir de una política de Estado, tratando de analizar puntualmente dónde están las fallas, si son monetarias o de tipo estructural. En los sistemas capitalistas hoy por hoy no se habla de que si se da una no se pueda dar la otra. El tema es que las autoridades económicas del país tienen que tratar de vislumbrar una salida y bajar una política de Estado, que inclusive es obvio que también bajaría a las provincias. Nosotros en el Informe de Coyuntura hacemos referencia que con este problema de inflación seguramente también se verían afectadas las economías familiares, ya que por el inicio de clases se da la compra estacional de la canasta escolar. También hay otro fenómeno, que es la búsqueda de créditos cuando la gente intenta satisfacer sus necesidades y los salarios no han aumentado. Es una situación muy peligrosa y hay que tener cuidado por el endeudamiento que representan las tarjetas de crédito o las financieras y las tasas de interés que se manejan en ese orden, donde inclusive la situación después empieza a hacer un efecto cadena: desde el momento que llega el resumen de la tarjeta no se puede pagar por completo, se paga solamente un mínimo y empieza la refinanciación de lo que ya uno se había refinanciado anteriormente. Aconsejamos muchísima prudencia.
-Chalabe: Con respeto a los comerciantes, y teniendo en cuenta el boicot realizado a la carne en Capital Federal, las pequeñas carnicerías que no pertenecían a ninguna cadena agradecieron la medida porque incluso el precio de la res también les bajó a ellos. Evidentemente los pequeños comerciantes están muy ligados al ultimo eslabón, que es el consumidor y lo mismo pasa con el almacén del barrio. Hay diferencias sustanciales de precios entre diferentes comercios y me parece que hay una competencia feroz en este sentido. Existen productos que tienen 29 pesos de diferencia  entre algún mayorista y pequeños comercios y esto hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista, pero la participación del Estado es necesaria. 

-Otro tema es lo que se paga, por ejemplo, cuando uno va al cajero automático y se pide un resumen de últimos movimientos, que cuesta seis pesos, o el envío del resumen de tarjeta, entre otras cuestiones. Tarifas que se pagan y muchas veces no se tienen en cuenta, ¿hay consulta de la gente por estos temas?
-Chalabe: Muchísimas, es más vi en un programa televisivo una reforma que se hizo en los Estados Unidos, donde es masivo el uso de las tarjetas de crédito, y la nueva ley generó -según el comentarista económico- una baja en las tasas. Esto tiene que ver con aquello que no nos cansamos de repetir: la Ley de Defensa del Consumidor establece más pautas para el comerciante, evitando que los precios fluctúen. Tiene que haber una política de estado que garantice su cumplimiento. Hay que aprender a consumir y aprender las reglas de juego que permiten hacer ahorros. En síntesis, reclaman muchos, pero también es enorme la cantidad de casas bancarias que no dan la información -por lo menos en Jujuy-, cuando la misma ley los obliga a hacerlo, por esto es importante que el consumidor esté informado de sus derechos. 

-Otra de las cosas que está subiendo y bastante en los últimos tiempos es el servicio de transporte público de pasajeros y esto ha causado mucha preocupación en todos los usuarios.
-Chalabe: A partir de distintas reuniones se decidió no poner en vigencia la ordenanza que disponía el aumento a 1,75, se convino que iba a regir el boleto de 1,50. Luego, se consensuó con los empresarios un aumento escalonado hasta llegar a 1,75. Por otro lado, las asociaciones de consumidores hemos hecho una presentación judicial declarando inconstitucional la norma. Y ya hemos manifestado que no hay una tarifa legal en este momento ni la hubo en enero y febrero, es decir se emitió una ordenanza que no se puso en vigencia hasta el día de hoy y se fija el precio verbalmente. Es una situación muy irregular, y demandamos ante la justicia, para que se tengan en cuenta principios y circunstancias que se dejaron de lado, como la ley de emergencia económica (la Nº 25561/02), que establece nuevos criterios en relación a los servicios públicos domiciliarios brindados por empresas privadas. Uno de esos criterios nuevos  establece que se debe analizar el impacto de la tarifa en el bolsillo de los usuarios. En concreto, aporta un elemento a la cuestión inflacionaria, entonces, una de las cuestiones que planteamos en la acción de inconstitucionalidad es que en el estudio de costos realizado por el contador Rodríguez  se plantean más preguntas que respuestas. Permanentemente dice que se hace el estudio sobre un modelo abstracto, figurado, porque no tenía datos de las empresas o no los podía cotejar con la realidad; otra cuestión que se suma es que no se emite el boleto por parte de la municipalidad sino que en general lo hacen las propias empresas y no se sabe exactamente la cantidad de pasajeros transportados. Nos parece que es una situación muy irregular en general y los usuarios no podemos estar sujetos a la voluntad de una persona porque hay reglamentos que establecen las pautas. Por el momento no se suben las tarifas y el plazo es de dos meses. El pedido es de recomponer el precio a través de subsidios, y un aspecto que también marca este contador en el estudio es que el subsidio que se da a las empresas ya es bastante alto, cercano al 40%. Por lo tanto, una de las consultas y de las charlas que mantuvimos en la municipalidad fue hasta dónde quieren el subsidio, porque así planteado el tema: ¿la empresa es privada o pública, si el servicio funciona con la mitad de la tarifa aportada por el estado?

-¿Cuál es la solución?
-Tiene que ser un tema muy simple: cumplir la ley, cosa que no se hizo hasta el momento. Se dictó la ordenanza sin audiencia pública. El estudio de costos no avala lo que dice la municipalidad. Por otro lado, sucede como pasó con EJESA. Me da la impresión de que las empresas quieren la tarifa alta porque cuando se vaya a licitación, queda el piso con estas tarifas y sobre eso se va a licitar. La tarifa no está sincerada, los empresarios por supuesto van a tender a que refleje sus costos y por otro lado están los subsidios. ¿Cómo se va a llamar a licitación si el tema de los subsidios es tan oscuro en este país? Me parece importante crear el ente regulador que ponga un parate a las voluntades individuales, y transparentar la situación del transporte porque así no se puede ir a licitación, hay que emprolijar la situación.